La Corte suspendió el juicio político contra el intendente de La Merced

La Corte de Justicia de Salta suspendió la aplicación de la Ordenanza 11/2026, aprobada por el Concejo Deliberante de La Merced para reglamentar el procedimiento de juicio político contra el intendente Javier Wayar.

La resolución responde a una medida cautelar presentada por el propio jefe comunal, quien cuestionó la constitucionalidad de la normativa y solicitó que se frenara su aplicación mientras se analiza la cuestión de fondo.

Con esta decisión, los concejales no podrán avanzar, por el momento, con el procedimiento establecido en la ordenanza. Sin embargo, la Corte todavía no determinó si la norma es constitucional o si debe quedar definitivamente sin efecto.

Qué cuestionó el intendente

El planteo de Wayar se concentra en las condiciones establecidas por el Concejo Deliberante para llevar adelante un eventual juicio político.

Entre los aspectos cuestionados se encuentra la conformación de una comisión investigadora y la falta de precisiones sobre las garantías de defensa que tendría el intendente durante el procedimiento.

La presentación también pone en discusión el alcance de las facultades del cuerpo deliberativo para investigar y eventualmente promover la destitución del jefe comunal.

La medida cautelar busca evitar que se aplique el mecanismo cuestionado antes de que la Justicia resuelva si cumple con las exigencias constitucionales.

Los concejales apelarán la decisión

Pese a la suspensión dispuesta por la Corte, el conflicto institucional continúa.

Los integrantes del Concejo Deliberante confirmaron a Nuevo Diario que, a través de su asesor legal, apelarán la resolución judicial para intentar revertir la medida.

Mientras tanto, la Ordenanza 11/2026 permanece suspendida y no puede utilizarse como fundamento para avanzar con el procedimiento de juicio político.

La discusión judicial no determina si existen o no motivos para destituir a Wayar. Lo que deberá resolver la Corte es si el mecanismo aprobado por los concejales respeta las garantías constitucionales y los límites de sus atribuciones.

Hasta que exista una resolución sobre el fondo del planteo, el avance del juicio político mediante la ordenanza cuestionada permanecerá condicionado por la medida cautelar.