Salta vuelve a marchar por el financiamiento universitario

Salta volverá a movilizarse este jueves en defensa del financiamiento de las universidades públicas. La convocatoria está prevista para las 17 en el Monumento 20 de Febrero, desde donde los manifestantes marcharán hasta la plaza 9 de Julio, como parte de una jornada de protesta que se realizará en distintas ciudades del país.

La Quinta Marcha Federal Universitaria se desarrolla en medio de un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno nacional y el sistema universitario por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso pese al veto presidencial.

En Salta, el reclamo reúne a la comunidad de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), docentes, estudiantes y trabajadores nodocentes. La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa) forma parte del sector que viene reclamando la recomposición salarial y el cumplimiento de la normativa.

La movilización busca visibilizar el deterioro de los ingresos universitarios, la situación presupuestaria de las instituciones y la falta de aplicación de las actualizaciones establecidas por ley.

Una multa judicial en la víspera de la marcha

La convocatoria coincide con una nueva resolución de la Justicia federal contra el Gobierno nacional.

El juez Martín Cormick impuso una multa de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por considerar que el Poder Ejecutivo no cumplió una medida cautelar que ordenaba actualizar los salarios de docentes y nodocentes, además de los fondos destinados a becas estudiantiles.

El magistrado había otorgado un plazo de cinco días para acreditar el cumplimiento de esa orden. Ante la falta de una respuesta que considerara suficiente, dispuso la sanción económica.

El Gobierno anticipó que apelará la multa.

La controversia judicial comprende dos decisiones diferentes. Por un lado, continúa vigente la medida cautelar que exige la actualización de salarios y becas. Por otro, la sentencia que declaró inconstitucional parte del decreto utilizado para suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario fue apelada, por lo que sus efectos quedaron suspendidos mientras se resuelve el recurso.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) valoró que la sanción recaiga sobre un funcionario identificado, en lugar de imponerse de manera genérica al Estado. Las universidades habían solicitado la aplicación de multas ante el incumplimiento de la medida judicial.

El Gobierno analiza modificar el Presupuesto 2027

Mientras avanza el conflicto judicial, el Gobierno nacional estudia una alternativa para financiar las obligaciones establecidas por la ley.

En la Casa Rosada se analiza la posibilidad de modificar el proyecto de Presupuesto 2027 y reasignar recursos de otras partidas para atender el reclamo universitario.

Entre los montos que se mencionan en las negociaciones aparecen necesidades de financiamiento por unos $11 billones. Sin embargo, la propuesta todavía no cuenta con una decisión definitiva ni con consenso dentro del Gobierno.

Hasta ahora, el Poder Ejecutivo sostuvo que no podía aplicar plenamente la ley sin identificar previamente los recursos necesarios para cubrir el incremento del gasto.

La eventual reasignación presupuestaria abriría una vía para atender esas obligaciones sin recurrir necesariamente a un aumento del gasto total previsto.

En ese sentido, un informe de Zentrix Consultora identificó $5,93 billones sin asignación específica dentro del proyecto presupuestario y estimó que la aplicación completa de la Ley de Financiamiento Universitario durante 2027 requeriría entre $2,45 y $3,65 billones adicionales.

Según ese estudio, esos recursos ya están contemplados en el gasto proyectado, por lo que su reasignación no alteraría el resultado fiscal previsto. Se trata, no obstante, de una estimación técnica que depende de la disponibilidad efectiva de las partidas identificadas.

La disputa por los salarios

La recomposición salarial continúa siendo uno de los principales motivos de la protesta universitaria.

El Gobierno nacional sostiene que los aumentos acumulados desde diciembre de 2023 alcanzan el 226,8%. Desde el sistema universitario, en cambio, señalan que todavía se necesita una recomposición cercana al 33% para recuperar el poder adquisitivo perdido.

La diferencia responde al impacto de la inflación sobre los ingresos de docentes y trabajadores nodocentes.

El deterioro salarial también repercute en el funcionamiento de las universidades, debido a las dificultades para sostener sus equipos docentes, las actividades académicas y los proyectos de investigación.

Según datos citados por el Consejo Interuniversitario Nacional, alrededor de 10.000 docentes dejaron sus cargos durante el período de pérdida salarial.

A esta situación se suma el reclamo por los fondos destinados al funcionamiento de las instituciones, las becas estudiantiles, los hospitales universitarios y la investigación científica.

Una nueva jornada de protesta nacional

La movilización de Salta forma parte de una convocatoria federal que tendrá su concentración principal en Buenos Aires, donde está previsto un acto frente al Congreso de la Nación a partir de las 16.

En la provincia, el recorrido comenzará a las 17 en el Monumento 20 de Febrero y finalizará en la plaza 9 de Julio.

La protesta se realizará mientras continúa abierta la discusión judicial sobre el cumplimiento de la ley y el Gobierno evalúa alternativas presupuestarias para atender las obligaciones reclamadas por las universidades.

El conflicto llega así a una nueva jornada de movilización sin una solución definitiva: la ley continúa vigente, parte de sus disposiciones están respaldadas por una medida cautelar y el financiamiento necesario para aplicarla sigue siendo motivo de disputa entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario.