Universidades: Aseguran que hay fondos para cumplir la ley sin afectar el equilibrio fiscal

El Gobierno nacional podría cumplir la Ley de Financiamiento Universitario sin comprometer el equilibrio fiscal. Esa es la principal conclusión de un informe elaborado por Zentrix Consultora, que analizó las partidas del proyecto de Presupuesto 2027 y encontró recursos suficientes para afrontar la recomposición salarial, las becas y los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.

El estudio identifica $5,93 billones sin asignación específica dentro de la jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro. Según sus cálculos, aplicar la totalidad de la Ley 27.795 requeriría entre $2,45 y $3,65 billones durante el próximo año.

La diferencia es relevante porque esos fondos ya están contemplados dentro del gasto total proyectado por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, destinarlos a las universidades no implicaría, de acuerdo con el análisis, ampliar el presupuesto ni modificar el resultado fiscal previsto.

Los fondos que identifica el informe

El proyecto de Presupuesto 2027 asigna $7,35 billones a las universidades nacionales. Sin embargo, Zentrix calculó que ese monto no alcanzaría para cumplir todas las obligaciones establecidas por la Ley de Financiamiento Universitario.

La recomposición salarial y la actualización de becas, actualmente exigibles por una medida cautelar judicial, demandarían aproximadamente $2 billones adicionales.

Si se incorporan los gastos de funcionamiento, los hospitales universitarios, la investigación científica y las actividades de extensión, el costo estimado asciende a un rango de entre $2,45 y $3,65 billones.

El informe señala que Obligaciones a cargo del Tesoro es una de las jurisdicciones con mayor crecimiento en el proyecto presupuestario: pasa de $5,6 a $14,8 billones.

Dentro de ese monto, $7,68 billones aparecen bajo el concepto de otras asistencias financieras, sin un beneficiario específico identificado.

Después de descontar las reservas para aumentos salariales de la Administración Nacional y los recursos ya previstos para universidades, la consultora calcula que quedan $5,93 billones disponibles para eventuales reasignaciones.

En el escenario de mayor costo, financiar la ley universitaria demandaría aproximadamente el 62% de esa suma.

Una ley vigente que sigue judicializada

La Ley 27.795 está vigente desde octubre de 2025, cuando el Congreso insistió en su aprobación con una mayoría de dos tercios, después del veto presidencial.

Aunque el Poder Ejecutivo promulgó la norma, suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025. El argumento fue que la ley no identificaba los recursos necesarios para financiar las obligaciones que establecía.

El conflicto llegó a la Justicia, que ordenó aplicar las disposiciones referidas a salarios y becas mediante una medida cautelar. Según los antecedentes reunidos por Zentrix, esa decisión quedó firme en junio de 2026.

Posteriormente, el 6 de octubre, un juzgado federal ordenó cumplir la totalidad de la ley. El Gobierno apeló esa sentencia, por lo que la discusión judicial continúa.

Para la consultora, el proyecto de Presupuesto 2027 ofrece una alternativa para resolver el conflicto: incorporar expresamente las partidas necesarias o reasignar recursos que ya están previstos.

El informe recuerda que la Ley de Administración Financiera permite realizar modificaciones presupuestarias dentro de determinados límites y que el propio proyecto contempla facultades de reasignación durante su ejecución.

Salarios universitarios: una caída del 22%

El análisis también advierte sobre las consecuencias de mantener sin aplicación plena la ley.

Según los datos utilizados por Zentrix, aproximadamente nueve de cada diez pesos del presupuesto universitario se destinan a salarios.

Aunque un acuerdo alcanzado en junio interrumpió un período de 19 meses de deterioro, el salario real de docentes y trabajadores universitarios continúa un 22% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

El informe recoge además datos del Consejo Interuniversitario Nacional, que indican que alrededor de 10.000 docentes renunciaron durante ese período.

En materia de investigación, señala que la ejecución real de los recursos destinados a ciencia y técnica universitaria durante 2025 representó apenas el 38% de la registrada en 2023.

El riesgo de un nuevo conflicto en 2027

Zentrix identifica otra dificultad en el artículo 12 del proyecto de Presupuesto 2027.

La iniciativa establece un crédito presupuestario cerrado y toma como referencia las plantas de personal de noviembre de 2026 para calcular los incrementos salariales.

Sin embargo, la Ley de Financiamiento Universitario establece negociaciones paritarias con intervalos máximos de tres meses y actualizaciones salariales que no pueden quedar por debajo de la inflación.

Según la estimación de la consultora, por cada cinco puntos porcentuales que la inflación supere la previsión oficial podrían quedar sin financiamiento aproximadamente $320.000 millones.

Esto podría generar nuevas diferencias entre los recursos asignados y las obligaciones legales durante el próximo año.

El informe concluye que el Congreso tendrá una oportunidad de intervenir cuando trate el artículo 12 del Presupuesto 2027, mientras la Cámara de Apelaciones deberá resolver el recurso presentado por el Gobierno contra la sentencia que ordenó aplicar la ley completa.

La conclusión de Zentrix es que el principal obstáculo no sería la inexistencia de recursos dentro del proyecto presupuestario, sino la decisión sobre su asignación. Esa interpretación depende de que los fondos identificados puedan efectivamente reasignarse y no estén comprometidos para otras obligaciones.