El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick le otorgó al Gobierno un plazo de 48 horas para que informe detalladamente cómo garantizará el derecho a la alimentación en los comedores populares.
La decisión, tomada en plena feria judicial, responde a una resolución previa emitida por el juez Walter Lara Correa, quien había ordenado al Ministerio de Capital Humano mantener vigentes los planes de alimentos.
La resolución de Cormick exige al Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, que presente documentación acreditando el cumplimiento de lo ordenado en la cautelar del 12 de julio. Esta cautelar surgió a partir de un recurso de amparo colectivo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con el fin de asegurar la continuidad de los programas alimentarios en los comedores.
Cormick habilitó la feria judicial para tramitar el caso debido a las circunstancias excepcionales que justificaban la urgencia. La resolución detalla que el Ministerio de Capital Humano no debe modificar los planes y programas vigentes, aunque sí puede revisar y auditar la ejecución de los mismos, así como crear nuevos programas complementarios si estos significan mejoras.
Desde el Ministerio de Capital Humano, se ha defendido que la resolución reconoce el trabajo realizado hasta la fecha y valida la implementación actual de los programas, aunque también se admite la necesidad de revisar y auditar las medidas previas.
Paralelamente, Juan Grabois ha iniciado una denuncia penal por incumplimiento de deberes contra Pettovello, tras descubrirse que el gobierno tenía casi 5 toneladas de alimentos en galpones de Buenos Aires y Tucumán. El juez federal Sebastián Casanello ordenó la presentación de un plan para distribuir la mercadería, cuya fecha de vencimiento estaba próxima. Aunque el fallo fue apelado y ratificado por la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal, el Gobierno ha llevado el caso a la Corte Suprema, argumentando que la distribución de alimentos es una decisión política no sujeta a judicialización.
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