El gobierno socialista de España aprobó un plan de regularización masiva que podría beneficiar a alrededor de medio millón de personas que viven en el país de manera irregular. Entre los favorecidos, más de 42.000 serían ciudadanos argentinos, según estimaciones oficiales.
La medida se implementará mediante un “real decreto” y permitirá que quienes cumplan con los requisitos —haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y no tener antecedentes penales— puedan iniciar su trámite entre abril y junio de este año. Una vez regularizados, podrán trabajar en cualquier sector y en cualquier lugar del país.
El plan, que busca facilitar la integración de los inmigrantes y reforzar la economía, fue destacado por la ministra de Migraciones, Elma Saiz, como un paso histórico hacia un modelo migratorio basado en derechos humanos y cohesión social. España se diferencia así de la tendencia de la Unión Europea, donde muchos países endurecen sus políticas migratorias.
Sin embargo, la iniciativa generó críticas de la oposición y de la extrema derecha, que consideran que la medida premia la ilegalidad y promueve el “efecto llamada”. Por su parte, sectores sociales y la Iglesia española celebraron la decisión como un acto de justicia social.
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