En un fallo que marca un antes y un después en su carrera política, el juez federal Sebastián Casanello procesó al expresidente Alberto Fernández por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante su mandato.
La resolución judicial sostiene que Fernández, desde la Casa Rosada, intervino activamente para beneficiar al bróker Héctor Martínez Sosa, empresario cercano a su entorno y esposo de María Cantero, su secretaria privada. De acuerdo con el juez, existió una “comunidad de intereses económicos” entre los tres, consolidada durante años, y que alcanzó su apogeo durante la gestión presidencial de Fernández.
Una red de negocios desde el corazón del poder
Según la investigación, el expresidente no solo favoreció a Martínez Sosa desde lo discursivo o simbólico —mediante apariciones públicas y gestos de respaldo—, sino que también intervino directamente para garantizarle contratos y conservar espacios de poder clave en organismos estatales, como en Nación Seguros y la Cancillería.
Martínez Sosa recibió comisiones por más de 2250 millones de pesos, casi el 60% del total abonado por Nación Seguros, multiplicando ampliamente sus ingresos frente a sus competidores. Casanello describió esta situación como la existencia de un espacio dual: por un lado, el público, donde se simulaban procedimientos formales; y por otro, el privado, donde se privilegiaban intereses particulares ligados al presidente.
En ese contexto, también fueron procesadas otras 33 personas, incluidos Cantero, Martínez Sosa, el extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano, y el exgerente Mauro Tanos, todos señalados como piezas clave de una estructura de negocios ilícitos que habría operado desde dentro del Estado.
Pruebas clave y modus operandi
El fallo se apoya en documentación contable, testimonios, chats y movimientos financieros. En uno de los ejemplos más contundentes, se detalla cómo Fernández se comunicó con el entonces canciller Santiago Cafiero para conservarle a Martínez Sosa un negocio con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Además, el juez relató un episodio donde el expresidente habría intervenido para evitar la remoción de un funcionario estratégico para los intereses del bróker, el director de Nación Seguros Gustavo García Argibay, quien habría tenido negocios ocultos con él a través de una empresa fantasma.
El juez Casanello también ordenó un embargo por más de 14 mil millones de pesos sobre los bienes de Fernández y avanzará con medidas sobre empresas aseguradoras, citando a ocho de ellas a indagatoria.
Un segundo golpe judicial
Este no es el único frente judicial que enfrenta el exmandatario: en abril de este año, la Cámara Federal confirmó otro procesamiento en su contra, en una causa por lesiones y amenazas a su expareja, Fabiola Yañez. No obstante, el caso de los seguros representa su primera imputación por corrupción, elevando notablemente el nivel de gravedad institucional del expediente.
La defensa
Fuentes cercanas al expresidente confirmaron que apelará el fallo, argumentando que las acciones atribuidas a él fueron responsabilidad exclusiva de Cantero y Martínez Sosa. Alegan que Fernández no obtuvo beneficio personal y que su única intervención fue en el caso de la Cancillería, “para evitar un posible negocio sucio”.
Impacto institucional
El caso también dejó expuesto un problema estructural en la gestión de fondos públicos y contratos estatales: el uso de intermediarios en seguros —una práctica que el propio fallo judicial califica de “dudosa y desaconsejada”— fue el canal por el que se habrían canalizado millones en comisiones, retornos y sobornos.
El juez Casanello busca ahora ampliar la responsabilidad penal a las personas jurídicas, algo contemplado en la legislación argentina desde 2017, y ordenó allanamientos en varias compañías aseguradoras.
El procesamiento de Alberto Fernández representa un punto de inflexión para la política argentina. No solo implica a un expresidente en un esquema de presunta corrupción, sino que también pone bajo la lupa la relación entre el poder político y los intereses privados, incluso desde los círculos más cercanos al mando presidencial.
Habrá que seguir con atención la evolución del proceso judicial, en el que, por ahora, el expresidente continúa en libertad, pero con su capital político gravemente comprometido.
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