En una jornada de alto voltaje político, el Senado de la Nación sancionó tres leyes clave impulsadas por la oposición: una nueva fórmula jubilatoria con aumento de haberes, la reactivación de la moratoria previsional, y la declaración de la emergencia en discapacidad. Las tres iniciativas recibieron amplio respaldo, dejando en evidencia a un oficialismo aislado, sin defensas en el recinto, y con una Casa Rosada que terminó responsabilizando a la vicepresidenta Victoria Villarruel por el resultado adverso.
La sesión, atravesada por tensiones reglamentarias, mostró al oficialismo libertario completamente superado. Mientras el Ejecutivo acusaba a Villarruel de permitir el tratamiento de los proyectos, el Senado avanzó con una votación masiva que expuso fracturas internas en la coalición de Gobierno y dejó al desnudo su debilidad parlamentaria.
Ante la avanzada opositora, el presidente Javier Milei ya anticipó vetos y el Ejecutivo analiza una posible judicialización de la sesión, alegando irregularidades en el procedimiento.
1. Ley de Jubilaciones: aumentos y bono por inflación
La nueva normativa prevé:
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Un aumento real del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones (excepto regímenes especiales).
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Un incremento del bono mensual de $70.000 a $110.000, con ajuste automático por inflación.
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La conversión del bono en derecho permanente, lo que genera el mayor rechazo del Gobierno.
El senador Mariano Recalde (Unión por la Patria) fue el encargado de defender el proyecto: “Este pequeño aumento apenas alcanza para un par de docenas de empanadas. El bono está congelado desde marzo del año pasado”.
Desde la oposición moderada, la senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO disidente) sostuvo: “Los jubilados son la verdadera casta para este Gobierno. Este proyecto tiene financiamiento. No se puede hablar de equilibrio fiscal mientras se desfinancia a los sectores más vulnerables”.
2. Moratoria previsional: se reactiva el acceso a la jubilación mínima
La ley reestablece, por dos años, el mecanismo para que las personas sin los 30 años de aportes puedan comprar años faltantes y acceder a la jubilación mínima.
Si bien obtuvo apoyo mayoritario (39 votos a favor), varios senadores —como Tagliaferri o el radical Pablo Blanco— expresaron objeciones estructurales: “Nunca se resuelve el problema de fondo. Con tanta informalidad, es imposible que alguien logre una jubilación completa”, advirtió la legisladora porteña.
Desde el oficialismo, Carmen Álvarez Rivero (PRO–La Libertad Avanza) rechazó la medida y apuntó contra los altos niveles de informalidad laboral que ponen en jaque al sistema previsional: “Debemos resolver el problema de base: los millones que trabajan sin aportar”.
3. Emergencia en discapacidad: alivio para un sector postergado
Con 56 votos afirmativos, el Senado también sancionó la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027. La medida incluye:
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Revisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
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Actualización de aranceles, pensiones y compensaciones económicas.
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Auditorías y nuevas metodologías administrativas.
Fernando Salino (San Luis – PJ) subrayó: “El trámite del CUD es hoy toda una complicación. Este proyecto lo moderniza y facilita el acceso”. A su vez, Luis Juez (Córdoba), uno de los libertarios más cercanos a Milei, apoyó la iniciativa con un discurso emotivo: “Esta ley no es una reparación, pero es lo mínimo que podemos hacer por un sector históricamente invisibilizado”.
Votaciones y sistema colapsado
La votación de las tres leyes estuvo marcada por fallas técnicas: durante la discusión jubilatoria y la moratoria, el sistema de pantallas y transmisión de datos falló por completo. Se recurrió a la votación a viva voz. Solo en la última votación, sobre discapacidad, el sistema electrónico se restableció.
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Jubilaciones: 52 votos afirmativos, 0 negativos, 4 abstenciones.
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Moratoria: 39 afirmativos, 14 negativos, 1 abstención.
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Discapacidad: 56 afirmativos.
El Gobierno responde: veto, conflicto con Villarruel y judicialización
El malestar del Ejecutivo fue inmediato. La Casa Rosada dejó trascender su intención de vetar al menos dos de las tres leyes y responsabilizó a la vicepresidenta Villarruel, presidenta del Senado, por permitir que los proyectos llegaran al recinto. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, le pidió públicamente: “No sea cómplice del kirchnerismo destructor”.
Villarruel respondió con dureza: “Repasen la Constitución antes de hacerse los picantes”, dejando en evidencia la fractura interna entre la línea dura libertaria y sectores más institucionalistas del oficialismo.
La jornada legislativa del 10 de julio expuso no solo el poder de la oposición para construir mayorías parlamentarias, sino también la fragilidad del oficialismo de Javier Milei frente a temas sensibles como jubilaciones y discapacidad. La presión social, sumada al desgaste político, pone en duda la efectividad de una estrategia basada solo en el veto o la confrontación judicial.
La pregunta que queda es: ¿cómo seguirá gobernando un oficialismo que pierde el control del Congreso y de su propio relato?
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