La Cámara de Diputados de Salta aprobó este martes, un proyecto de ley que prohíbe a las personas que reciben beneficios sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), subsidios sociales u otros planes asistenciales ingresar a casinos, bingos, hipódromos y otros espacios de juego.
A simple vista, la medida es presentada como una herramienta para “proteger a los sectores más vulnerables” y evitar que “malgasten” los recursos destinados a cubrir las necesidades básicas de sus hijos. Sin embargo, esta iniciativa levanta serias alertas por su marcada vulneración de derechos fundamentales y su cuestionable manejo de datos personales sensibles.
El diputado autor del proyecto, Esteban Dantur, sostuvo que “no se trata de quitar derechos ni perjudicar a los más vulnerables, sino de resguardar que los beneficios lleguen a donde deben llegar: a los niños”. Según él, la ley busca evitar que los recursos públicos asignados para alimentación, medicación, educación y vestimenta sean desviados hacia actividades de juego que solo profundizan la situación de vulnerabilidad. La preocupación por la ludopatía —una adicción que no distingue clases sociales y que afecta especialmente a los más pobres— es legítima y necesaria. Sin embargo, la pregunta central es: ¿es esta prohibición y vigilancia extrema la solución adecuada o más bien un síntoma de un problema de enfoque y respeto?
Como ya lo manifestaremos en un artículo anterior, esta norma implica, primero, una infantilización y estigmatización evidente de quienes reciben asistencia social. Parte de una presunción de incapacidad y falta de autonomía para tomar decisiones financieras, tratando a los beneficiarios como sujetos de tutela estatal más que como ciudadanos con derechos plenos. Prohibir el acceso a espacios públicos bajo la sola condición de ser beneficiario de un plan social no solo criminaliza la pobreza, sino que discrimina socialmente, generando un sistema de exclusión en base a la condición económica.
Además, la creación de un Registro Provincial de Beneficiarios que será consultado en tiempo real por los casinos para impedir el acceso es un hecho preocupante en términos de privacidad y protección de datos personales. Se trata de información sensible —quiénes reciben planes sociales— que, en principio, debe manejarse con estricta confidencialidad y bajo los más altos estándares de seguridad. Que esta información sea accesible para establecimientos privados abre la puerta a abusos, filtraciones, estigmatización pública y uso indebido. La supuesta garantía de protección de datos, si bien es invocada, resulta insuficiente ante la magnitud del riesgo.
Este proyecto también pasa por alto un punto clave: la ludopatía no es un problema exclusivo de los sectores vulnerables. Personas de clases medias y altas también sufren adicciones al juego, muchas veces con menor control y mayor acceso a modalidades online, pero sin ser objeto de estas restricciones discriminatorias. Al centrar la prohibición exclusivamente en beneficiarios sociales, el Estado transfiere toda la responsabilidad sobre la prevención y el control a quienes menos tienen, dejando intacto el problema en otros estratos sociales y sin ofrecer políticas integrales de tratamiento y prevención.
Por otro lado, se plantea un control estatal extremo sobre las decisiones personales y el uso del dinero de los sectores vulnerables, en un marco que recuerda más a un régimen de vigilancia y control paternalista que a un Estado que promueve la autonomía y el empoderamiento social. El argumento de “proteger” a las familias para que los recursos “lleguen a los niños” es válido, pero la medida no es el camino adecuado. La asistencia social debe ser acompañada con políticas inclusivas, educación financiera, acceso a tratamientos de adicciones y programas integrales, no con medidas que marginan y discriminan.
Finalmente, hay un problema ético y de derechos humanos que no puede soslayarse. El acceso a espacios públicos —y los derechos vinculados a la libre circulación y decisión personal— no pueden ser restringidos arbitrariamente en función del nivel socioeconómico o de recibir un beneficio estatal. Esta ley, en los hechos, restringe libertades y pone en jaque principios fundamentales de igualdad y no discriminación. Además, abre un precedente peligroso en materia de manejo y protección de datos, un tema que cada vez exige mayor rigurosidad en un mundo hiperconectado y vigilado.
El debate que sigue en el Senado será clave para poner sobre la mesa estos aspectos y exigir una mirada mucho más profunda, respetuosa y amplia. Las respuestas a los problemas complejos como la ludopatía, la pobreza y la desigualdad no pasan por prohibiciones selectivas y sistemas de control que estigmatizan, sino por políticas públicas que garanticen derechos, integren a las personas y protejan su dignidad.
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