En el Concejo Deliberante, se dio continuidad al análisis de aspectos vinculados a la concesión por 35 años, del servicio funerario y crematorio a la empresa Pieve.
El encuentro se concretó en el marco de una reunión ampliada de la Comisión de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad, junto a la de Servicios Públicos, Actividades Comerciales y Privatizaciones.
Pese a que los concejales pudieron consultar sobre el procedimiento de concesión, al Estudio de Impacto Ambiental y Social, la audiencia pública convocada y la interpretación de normas, el Secretario Legal y Tecnico Daniel Nallar no convenció. El miércoles estaría ingresando un pronto despacho.
Estuvieron presentes los secretarios municipales de Gobierno, de Legal y Técnica, y de Servicios Públicos y Ambiente, Frida Fonseca, Daniel Nallar y Mariano Castelli, respectivamente. Como así también por el Procurador Municipal, Miguel Torino.
La concejal Alicia Vargas (UPS) planteó sus inquietudes en relación a los tiempos y fundamentos técnicos mediante los que se dispuso otorgar una concesión de 35 años a la empresa Pieve, a lo que Nallar respondió que “Se tomó como referencia lo que normalmente se otorga para este tipo de actividades”.
Karina Vargas, asesora de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, explicó que la concesión fue otorgada “en función a que fue presentado un Estudio de Impacto Ambiental, en el que se prevén los posibles daños que podrían suceder y cómo mitigarlos”.
El concejal Alberto Salim (UCR), ratificó que se trata de un servicio público el concesionado, a lo que Nallar le respondió que en su “interpretación, no es un servicio público en el sentido estricto”. El edil también cuestionó que el Cuerpo no haya intervenido en el proceso de concesión.
Por su parte el concejal José Gauffín (JC+) se refirió al procedimiento del análisis del Estudio de Impacto Ambiental y Social, sosteniendo: “Primeramente la empresa presenta un estudio y se le pide que complete la información, pero luego no hay una evaluación de la nueva documentación”.
También transmitió sus inquietudes en relación al Decreto, mediante el cual se delega a la Secretaría Legal y Técnica la decisión de la convocatoria, la realización y la adopción de las decisiones en caso de toda audiencia pública. Las concejales Carolina Am (PS) y Paula Benavides (SI) coincidieron en la postura del concejal. En relación al Expediente, Gauffín señaló: “No existe un dictamen técnico con la evaluación de las ponencias que se realizaron en la audiencia”.
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