Tal como había anticipado el gobernador Gustavo Sáenz, el Gobierno de la Provincia oficializó en el Boletín Oficial la apertura del proceso participativo para la designación de dos nuevos jueces de la Corte de Justicia de Salta, dando inicio formal al mecanismo de control ciudadano previsto por ley.
A través de comunicaciones publicadas por el Ministerio de Gobierno y Justicia, quedaron habilitadas las postulaciones de Martín Ignacio Plaza y de Jorge Martín Diez Villa, quienes fueron propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir las vacantes en el máximo tribunal provincial.
La publicación marca un punto clave: la decisión política del gobernador ya ingresó en su fase institucional, con reglas, plazos y exposición pública de antecedentes.
Un paso formal que activa el control ciudadano
En cumplimiento de la Ley Provincial Nº 8311 y los decretos reglamentarios dictados este año, el Ejecutivo abrió un plazo de 15 días hábiles administrativos para que cualquier ciudadano, institución u organización pueda presentar observaciones, posturas u objeciones fundadas respecto de los candidatos.
Las presentaciones deberán realizarse por escrito ante la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, o bien por correo electrónico, y deberán estar acompañadas de una declaración jurada sobre la objetividad de lo manifestado.
Se trata de una instancia que, aunque prevista en la normativa, no siempre fue utilizada con intensidad en procesos anteriores, y que ahora adquiere centralidad en un contexto de discusión pública sobre la integración del Poder Judicial.
Los perfiles que Sáenz quiere en la Corte
La oficialización permite, además, poner bajo la lupa los perfiles elegidos por el gobernador.
En el caso de Martín Ignacio Plaza, se trata de un abogado con una extensa trayectoria en Derecho Administrativo y regulación de servicios públicos, con formación académica en universidades nacionales e internacionales y experiencia en organismos de control, la administración pública y funciones ejecutivas. Actualmente se desempeña como director de la Casa de Salta en Buenos Aires.
Por su parte, Jorge Martín Diez Villa cuenta con un perfil vinculado al Derecho Penal y al sistema de justicia, con una carrera desarrollada dentro del Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura y la docencia. Actualmente ocupa el cargo de Defensor General de la Provincia y preside el Colegio de Gobierno del Ministerio Público.
La combinación de ambos perfiles no es casual: refleja una definición política del Ejecutivo sobre el tipo de Corte que busca consolidar, con peso en la regulación estatal y en el funcionamiento del sistema penal.
Mayoría oficialista y final previsible
Si bien el proceso participativo habilita observaciones ciudadanas, el desenlace aparece políticamente encaminado. El oficialismo cuenta con mayoría en la Legislatura, ámbito que deberá prestar acuerdo a las designaciones, por lo que —salvo que surja una objeción de alto impacto institucional— el resultado se da prácticamente por descontado.
No obstante, la publicación en el Boletín Oficial cumple un rol clave: expone públicamente la decisión del gobernador, obliga a transparentar antecedentes y habilita un espacio formal para el debate, aunque limitado en sus efectos reales.
Con esta oficialización, el Gobierno de Sáenz envía un mensaje claro: avanza sin dilaciones en la conformación de la Corte, respeta el procedimiento legal vigente y refuerza la legitimidad formal de una decisión que ya estaba tomada en el plano político.
La discusión ahora se traslada al terreno institucional y simbólico: qué nivel de participación real tendrá la ciudadanía, y qué lectura hará el arco político de una Corte que se encamina a renovarse bajo el sello del actual gobernador.
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