Con la aprobación del nuevo Procedimiento para la tramitación de factibilidades de agua potable y cloacas, el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta tomó una decisión que trasciende lo meramente técnico y se inscribe de lleno en el terreno político: fijó límites claros al intento de los desarrolladores inmobiliarios de imponer su agenda sobre la regulación estatal y reafirmó el rol del Estado como garante del interés público.
La Resolución ENRESP Nº 95/2026, que entrará en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial, consolida un esquema de mayor control previo, refuerza la intervención del organismo regulador y ratifica la obligación de instalar medidores individuales en edificios de propiedad horizontal, pese al rechazo explícito del sector privado.
Durante el proceso de consulta pública, tanto la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Salta (CADISAL) como la empresa prestataria COSAYSA S.A. cuestionaron el proyecto del Ente Regulador. En sus presentaciones, coincidieron en advertir que el nuevo procedimiento introducía trámites “innecesarios”, generaba demoras y afectaba la rentabilidad de los emprendimientos.
En los hechos, el planteo del sector privado apuntaba a reducir o neutralizar la intervención del ENRESP, limitar el alcance de la prefactibilidad y flexibilizar exigencias que, a su criterio, encarecen los proyectos.
El Ente Regulador no solo rechazó esos argumentos, sino que los desnudó políticamente: dejó en claro que la planificación previa no es un obstáculo, sino una herramienta esencial de control, y que el interés económico de los desarrolladores no puede condicionar la política sanitaria ni la gestión de un recurso estratégico como el agua.
El Estado no delega su rol
En los considerandos de la resolución publicada en el Boletín Oficial, el Directorio del ENRESP sostiene que la prefactibilidad es una instancia clave para evaluar la aptitud hídrica del recurso y el impacto de los efluentes antes de autorizar cualquier desarrollo urbano o industrial. Según el organismo, este análisis previo permite evitar proyectos inviables y protege tanto la prestación del servicio como los derechos de los futuros usuarios.
En ese marco, el Ente fue categórico al afirmar que su participación en estas etapas iniciales es irrenunciable y que carecen de sustento las objeciones de CADISAL y COSAYSA, a quienes implícitamente se les marca que no son quienes definen la política pública.
La resolución refuerza así una concepción regulatoria clara: el control estatal no es una concesión al sector privado, sino una obligación legal.
Medidores individuales: una línea que no se negocia
El punto de mayor fricción fue la exigencia de medidores individuales en edificios de propiedad horizontal, resistida por los desarrolladores, que la calificaron como inviable y económicamente perjudicial.
Lejos de abrir una negociación, el Ente Regulador respondió con un argumento político y jurídico contundente: recordó que esta obligación está vigente desde 2010 y forma parte de la política sanitaria provincial. En consecuencia, descartó cualquier posibilidad de flexibilización y sostuvo que los desarrolladores no pueden invocar la rentabilidad para eludir una norma de interés general.
Incluso fue más allá: señaló que los costos derivados de estas exigencias pueden ser trasladados al precio final de los inmuebles, dejando en evidencia que el conflicto no es técnico, sino económico.
Un mensaje hacia el sector privado
La resolución deja un mensaje inequívoco: el crecimiento urbano no será regulado por el mercado, sino por el Estado, a través de sus organismos de control. El ENRESP asume un rol activo y se posiciona como árbitro frente a intereses privados que pretendían condicionar el alcance de la regulación.
En un contexto de expansión inmobiliaria y presión sobre los servicios públicos, el Ente Regulador optó por cerrar filas en defensa del recurso hídrico, la equidad tarifaria y la planificación, aun a costa de profundizar el conflicto con desarrolladores y prestatarias.
Más que un reglamento técnico, la Resolución 95/2026 funciona como una definición política: en materia de agua y saneamiento, las reglas las fija el Estado.
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