Educación y el Ministerio Público Fiscal firmaron un convenio para capacitar a la comunidad educativa en la prevención, detección y abordaje de situaciones de violencia y delitos que afectan a niños y adolescentes.
La escuela como primer espacio de detección frente a la violencia fue el eje central del convenio firmado entre el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio Público Fiscal. El acuerdo apunta a capacitar a directivos, docentes, supervisores, estudiantes y familias, y a fortalecer la articulación directa con los fiscales ante situaciones de riesgo.
El procurador general Pedro García Castiella puso el acento en un dato clave que atraviesa la realidad judicial: la mayoría de los delitos que involucran a menores se detectan inicialmente en el ámbito escolar. “En el 70 u 80% de los casos, el hilo conductor del delito surge a partir de una directora o de la comunidad educativa”, afirmó, destacando el rol estratégico de las escuelas en la protección de la infancia.
El convenio establece un marco institucional para desarrollar capacitaciones presenciales en escuelas y comunidades, con la intervención de personal especializado del Ministerio Público Fiscal. Además, prevé la elaboración de protocolos y la creación de canales de comunicación más ágiles entre el sistema educativo y la Justicia.
García Castiella remarcó que la iniciativa permite abordar de manera integral problemáticas vinculadas a la integridad, la salud, el bienestar y la salud mental de niños y adolescentes. Advirtió que delitos como los abusos contra la integridad sexual, la violencia familiar, la circulación de material de abuso sexual infantil y el narcomenudeo tienen, en muchos casos, su primera señal de alerta dentro de las instituciones educativas.
“La escuela es un lugar de resonancia de problemáticas sociales profundas. Muchas veces los chicos no tienen la posibilidad de ser escuchados en otros ámbitos, especialmente cuando las situaciones de violencia ocurren dentro del seno familiar”, señaló el Procurador, al subrayar la necesidad de una intervención temprana y coordinada.
Por su parte, la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales, valoró el convenio como un paso concreto para construir entornos escolares más seguros. “Queremos que nuestras escuelas sepan prevenir y también cómo actuar ante situaciones que afectan a nuestros estudiantes”, expresó, y recordó que el acuerdo complementa el Programa de Prevención de Violencia en Entornos Escolares que se implementa desde el año pasado.
La iniciativa refuerza la idea de que la prevención no comienza en los tribunales, sino en las aulas, donde docentes y directivos suelen ser los primeros en advertir señales de alarma y activar los mecanismos de protección.
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