El Gobierno de Salta volvió a sentarse en una mesa de diálogo por uno de los conflictos territoriales y humanitarios más sensibles del norte argentino: el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Asociación Indígena Lhaka Honhat contra el Estado argentino.
La reunión, encabezada por el jefe de Gabinete Sergio Camacho junto al titular del INAI Claudio Avruj, mostró avances concretos en agua, relocalización de familias criollas y delimitación territorial en los exlotes fiscales 55 y 14, en el departamento Rivadavia.
Pero detrás del tono institucional aparece una realidad incómoda: el fallo internacional existe justamente porque durante décadas el Estado no logró resolver el conflicto.
El dato central: el territorio sigue siendo el núcleo de la disputa
Según se informó, ya se alcanzó un 92% de avance en la demarcación territorial indígena y 317 familias criollas delimitaron parcelas fuera del territorio reclamado por las comunidades.
Ese punto es clave. El caso Lhaka Honhat no se limita a una discusión jurídica: expone la convivencia forzada, históricamente conflictiva, entre comunidades indígenas y pobladores criollos en tierras donde el Estado nunca terminó de ordenar derechos, límites ni acceso a recursos básicos.
Agua, desmontes y traslado de familias: las urgencias que siguen abiertas
Durante el encuentro también se abordaron temas críticos como acceso al agua segura, tala ilegal y traslado efectivo de familias criollas.
El Gobierno destacó que actualmente 57 comunidades cuentan con abastecimiento de agua, uno de los reclamos históricos más graves en una de las zonas con mayores niveles de vulnerabilidad social de la provincia.
Sin embargo, el dato también deja expuesto el otro lado del problema: el acceso al agua llegó después de una condena internacional.
Un fallo que puso a la Argentina bajo observación
La sentencia de la Corte Interamericana marcó un precedente histórico para derechos indígenas en América Latina. El tribunal responsabilizó al Estado argentino por la violación de derechos territoriales, ambientales, culturales y de alimentación de comunidades indígenas del Chaco salteño.
El fallo obligó tanto a Nación como a Provincia a avanzar en medidas concretas de reparación y regularización territorial.
El punto menos visible: la tensión entre avance institucional y realidad territorial
Aunque el Gobierno muestra progresos y mesas de diálogo permanentes, el conflicto sigue atravesado por tensiones profundas: relocalizaciones complejas, pobreza estructural, desmontes ilegales y ausencia histórica del Estado.
En otras palabras, el cumplimiento del fallo no se juega solo en expedientes o reuniones técnicas.
Se juega en un territorio donde durante años convivieron abandono estatal, disputa por recursos y vulneración de derechos básicos.
Lo que viene
Las partes acordaron continuar el trabajo conjunto y fijar una nueva reunión para junio. Mientras tanto, Nación y Provincia intentan demostrar avances frente a un fallo internacional que sigue bajo monitoreo.
Porque el caso Lhaka Honhat ya dejó una marca institucional difícil de borrar: puso al descubierto que en pleno siglo XXI todavía existen comunidades que debieron recurrir a tribunales internacionales para reclamar derechos elementales.
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