El juicio que comenzará el próximo 29 de mayo en Salta contra Leonardo Cositorto y sus socios por 118 hechos de estafa y asociación ilícita no es simplemente otro episodio judicial contra un estafador serial. Es una oportunidad clave para que la Justicia envíe un mensaje claro: en tiempos de incertidumbre económica, la desesperación de muchos no puede ser el insumo rentable para el engaño de unos pocos.
Generación Zoe, la organización liderada por Leonardo Cositorto, funcionó como una maquinaria de manipulación emocional y económica. Vendía una fórmula de éxito garantizado, vestida de coaching motivacional, con promesas de rentabilidad del 120% anual y un lenguaje edulcorado con espiritualidad y empoderamiento. Pero detrás de esa fachada se escondía el modelo clásico de estafa piramidal: las ganancias de los primeros inversionistas salían del dinero de los nuevos. Cuando se cortaba la cadena, comenzaba la ruina.
El juicio en Salta reviste especial importancia porque no se trata solo de la figura de Cositorto, ya condenado a 12 años en Corrientes, sino de sus socios locales, quienes adaptaron el discurso y las promesas al contexto regional. Como quedó acreditado en la causa, la sede de Zoe en la calle Pellegrini 782 funcionó como una “boca de captación” que recolectaba efectivo en mano, firmaba recibos, celebraba conferencias y entregaba ilusiones en forma de membresías educativas. La escala del daño no se mide solo en dólares invertidos, sino en confianza social quebrada.
El caso ofrece una radiografía perfecta de cómo operan estos fraudes en tiempos digitales: un líder carismático que promete abundancia, seguidores que lo veneran como gurú financiero, retornos extraordinarios que nunca llegan, contratos con cláusulas imposibles y una red de complicidades locales. Es el esquema Ponzi clásico, aggiornado con redes sociales, frases motivacionales y una narrativa de éxito personal que en realidad es una trampa colectiva.
Pero hay otra lectura que no puede eludirse: el contexto social y económico que hizo posible este fenómeno. Zoe no creció en el vacío. Se expandió en un país de inflación crónica, desconfianza en los bancos, escasa educación financiera y millones de personas buscando desesperadamente una salida. En ese ecosistema de vulnerabilidad, prometer el doble de lo que da un plazo fijo, sin explicar cómo, se volvió tentador para miles.
Por eso, más allá de la responsabilidad penal individual —que debe establecerse con rigurosidad y respeto al debido proceso—, el caso Cositorto también interpela al Estado. ¿Qué mecanismos de prevención existen para evitar que organizaciones fraudulentas se instalen con total normalidad en el centro de una ciudad? ¿Qué rol tienen los organismos de control, los bancos, las plataformas digitales, incluso los medios que dieron visibilidad a estas “oportunidades”?
El juicio en Salta puede y debe ser más que una instancia punitiva. Tiene la posibilidad de convertirse en una lección pública, no solo para castigar a los culpables, sino para reforzar una cultura de prevención y alerta. Porque mientras haya crisis económica, desesperanza y promesas de dinero fácil, los Cositorto del mundo seguirán encontrando terreno fértil.
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