La legalización de plataformas como Uber y DiDi en la capital salteña dejó de ser un hecho aislado: ahora se convierte en un modelo exportable dentro del área metropolitana de Salta. Con la firma de un convenio entre municipios, los conductores podrán trabajar sin restricciones territoriales, en un esquema que elimina uno de los principales obstáculos del sistema: la fragmentación normativa.
El punto más disruptivo del acuerdo no es la habilitación en sí —que ya había sido oficializada en la ciudad— sino el reconocimiento cruzado entre jurisdicciones. En la práctica, un chofer registrado en Salta Capital podrá levantar pasajeros en municipios como Rosario de Lerma, Cerrillos o General Güemes sin volver a inscribirse. Se trata de un cambio estructural: se pasa de un modelo de “fronteras administrativas” a uno de circulación metropolitana.
La decisión impacta de lleno en la lógica cotidiana del servicio. Hasta ahora, cruzar de un municipio a otro implicaba, en muchos casos, entrar en una zona gris: viajes que se iniciaban en una ciudad pero no podían completarse legalmente en otra, o conductores que evitaban ciertos recorridos por temor a sanciones. Con el nuevo esquema, esa barrera desaparece.
Desde el Ejecutivo capitalino, el intendente Emiliano Durand lo planteó en términos directos: “se va a poder controlar lo que antes no era legal”. La frase condensa el enfoque oficial: regular para ordenar, pero también para legitimar una actividad que ya existía de hecho.
El convenio, sin embargo, no implica una unificación total. Cada municipio mantendrá su propio registro y potestad de control, aunque con una diferencia clave: no podrá sancionar a un conductor por no estar inscripto localmente si cuenta con habilitación vigente en otra jurisdicción adherida. Es un equilibrio delicado entre autonomía municipal y coordinación regional.
En ese marco, el desafío pasa a ser operativo. El intercambio de información entre comunas será determinante para evitar vacíos de control, especialmente en aspectos como la documentación, la seguridad del vehículo o la vigencia de las licencias. La promesa es clara: más facilidades para trabajar, sin resignar fiscalización.
Detrás de la medida también aparece una lectura económica. La ampliación del área operativa no solo beneficia a los choferes —que podrán captar más viajes— sino que responde a una demanda creciente de usuarios que se mueven diariamente entre ciudades del Gran Salta. La movilidad, en los hechos, ya es metropolitana; la regulación empieza a ponerse a tono.
No obstante, el esquema abre interrogantes que aún no tienen respuesta cerrada: cómo impactará en el transporte tradicional, qué capacidad real tendrán los municipios para controlar en conjunto y si el sistema podrá sostener estándares homogéneos en territorios con recursos dispares.
El acuerdo tendrá vigencia por dos años y renovación automática. Es, en esencia, una prueba piloto a escala regional. Si funciona, podría marcar un antecedente para otras áreas urbanas del país donde las apps ya operan, pero bajo marcos legales fragmentados.
Por ahora, el mensaje político es nítido: menos trabas para circular, más margen para trabajar. La incógnita, como suele ocurrir en estos casos, es si la coordinación institucional logrará acompañar esa apertura sin perder capacidad de control.
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