En el Concejo Deliberante, se llevó a cabo una reunión ampliada de la Comisión de Servicios Públicos, Actividades Comerciales y Privatizaciones, en la que funcionarios municipales, provinciales y representantes de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A. (EDESA S.A.) brindaron detalles sobre la situación de las urbanizaciones irregulares que carecen de medidores de energía eléctrica domiciliaria. En la reunión, se discutieron los requisitos para solicitar medidores individuales, la situación de los distintos barrios y las posibles alternativas para resolver esta problemática.
Al finalizar el encuentro, los concejales acordaron seguir trabajando conjuntamente con los actores involucrados, con el fin de elaborar normativas que brinden respuestas efectivas a los afectados por esta situación.
El presidente de la Comisión, concejal Martín Del Frari (SF), abrió la reunión destacando la necesidad de conocer la situación de los barrios que no cuentan con medidor de energía individual y de trabajar articuladamente para encontrar soluciones. José Albornoz (VPS), impulsor de la Resolución que convocó la reunión, subrayó la importancia de entender los motivos detrás de esta falta de medidores y enumeró algunos de los barrios afectados.
El subsecretario de Integración Sociourbana, Mariano Viramonte, y Alicia Gale, de la Secretaría de Tierras y Bienes del Estado, indicaron que es crucial diferenciar entre los barrios privados sin la documentación necesaria y aquellos cuyo titular es la provincia o el municipio. Informaron que se están desarrollando proyectos para la instalación de tendido eléctrico en cuatro barrios inscriptos en el ReNaBaP, a la espera de financiamiento.
Sergio Salvano, gerente general de EDESA, explicó que la autorización para el otorgamiento de medidores individuales está vinculada a la seguridad de las instalaciones. Destacó la necesidad de acreditar la red existente, la tenencia de la cédula parcelaria y la habilitación eléctrica municipal, mencionando que algunos barrios enfrentan dificultades debido a costos elevados o condiciones inadecuadas de las viviendas.
Por su parte, la subsecretaria de Gestión Territorial, Emilia Escalante, y la directora general de Control Documental, Gabriela Rojas, propusieron alternativas como una conexión primaria segura junto a una declaración jurada por parte del vecino, con asistencia técnica de los colegios profesionales correspondientes.
Durante la reunión, los concejales realizaron diversas consultas sobre los barrios inscriptos en el ReNaBaP, su titularidad y regulación, así como la documentación necesaria. Estas consultas fueron respondidas por los invitados.
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