Tres nuevas operadoras, incluida una profesional de la salud mental, fueron acusadas de incumplimiento de deberes por su participación o consentimiento en prácticas violentas contra menores vulnerables. La causa ya dejó varias condenas y sacude al sistema de protección estatal.
El caso de “Casita Feliz”, el hogar de niños que debía proteger y contener, pero que en realidad funcionó como un escenario de maltrato sistemático, sumó un nuevo y preocupante capítulo.
La Fiscalía Penal 2, a cargo del fiscal Ramiro Ramos Ossorio, decidió ampliar la imputación penal contra tres nuevas trabajadoras del dispositivo, una de ellas psicóloga, por su presunta participación activa o encubridora en el uso de castigos degradantes hacia menores alojados en la institución.
Una práctica sistemática y violenta
Las imputadas, ahora formalmente acusadas como coautoras del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, habrían avalado o naturalizado un método de “disciplina” que consistía en arrojar a los menores a la ducha con agua fría y con ropa puesta, en episodios reiterados, registrados incluso en videos y chats internos del personal.
Según sostuvo el fiscal, estas prácticas eran sabidas y consentidas por todo el personal, incluso por quienes no participaron directamente, y constituían un quebrantamiento total de los protocolos de cuidado exigidos por ley.
Una causa que ya dejó condenas
El caso llegó a juicio en marzo pasado, cuando se sentaron en el banquillo nueve operadoras del hogar, incluida la coordinadora del dispositivo. En abril, el juez Leonardo Feans condenó a la jefa y a cinco empleadas; otras tres fueron absueltas por el beneficio de la duda.
Sin embargo, los testimonios de los niños y niñas, las entrevistas en circuito cerrado, los informes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y los documentos revisados durante el juicio, abrieron nuevas líneas de investigación. Esos elementos permitieron ahora avanzar sobre otras empleadas que no habían sido alcanzadas por la primera etapa del proceso.
La psicóloga en la mira
Una de las imputadas en esta nueva etapa es psicóloga del dispositivo, lo que agrava la situación. Para el fiscal, resulta inaceptable que una profesional de la salud mental, con conocimiento cabal de los efectos del maltrato psicológico, haya sido parte del engranaje de violencia institucional.
“Las imputadas conocían la práctica y no la detuvieron. No hicieron denuncias internas ni externas. No cuidaron ni protegieron. Fueron cómplices activas o pasivas”, sentenció Ramos Ossorio en el decreto.
Aunque no se detectaron lesiones físicas visibles en los menores, la fiscalía sostiene que los daños emocionales son claros: se habla de violencia psicológica, moral, humillación y una profunda pérdida de confianza en los adultos a cargo de su cuidado.
Los informes de la Secretaría de Primera Infancia y las entrevistas con psicólogos independientes fueron claves para sostener esta nueva imputación.
El hogar que debía proteger, terminó dañando
El fiscal afirma que las conductas desplegadas violaron la esencia misma del dispositivo, destinado a garantizar el bienestar bio-psico-social de los niños en situación de vulnerabilidad.
“En lugar de ofrecer un espacio de cuidado, escucha y resolución pacífica de conflictos, lo que se propició fue un ambiente donde se naturalizó el castigo y se omitió la protección activa del interés superior del niño”, remarcó.
Las tres nuevas imputadas deberán presentarse ante la justicia en los próximos días para responder por los hechos. Mientras tanto, la causa sigue en expansión y no se descartan nuevas imputaciones o incluso investigaciones sobre la cadena de mando superior que permitió el funcionamiento de este dispositivo bajo estas condiciones.
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