El voto de la diputada Graciela Camaño fue clave para la aprobación en el Consejo de la Magistratura para que se avance en el plan de revisar los traslados de diez magistrados, entre los que figuran tres que investigan directamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Con un empate entre el oficialismo y la oposición, la postura de Camaño definió la partida que habilitó la aprobación del dictamen que sostiene que esos movimientos de jueces no cumplieron por completo con el trámite constitucional, que incluye el paso por el Congreso.
Ahora, se enviarán los pliegos al poder Ejecutivo para que este los mande al Senado donde el kirchnerismo tiene mayoría y podría removerlos de sus cargos.
“Estoy cansada de ver, en esta amplia avenida del medio, que un lado o el otro de los extremos se tomen decisiones discrecionales. No tengo dudas de lo que voy a hacer en el día de hoy. No tengo dudas que hay que llamar a concurso en los 10 juzgados. Voy a acompañar el dictamen del doctor Molea”, dijo Camaño.
“Los traslados no fueron realizados conforme el reglamento que regía ni a las acordadas de la corte. Para algunos desprevenidos que están escribiendo, les digo que no estamos sacando ni poniendo jueces, nunca pondría mi voto para eso”.
Entre los votos al favor en el plenario ratificaron su postura Camaño, Siley, Lugones, Ustarroz, y Molea. A ellos se sumaron por la afirmativa el senadorMariano Recalde y la senadora María Inés Patricia Elizabeth Pilatti Vergara.
En contra volvieron a manifestarse Tonelli, Recondo y Culotta. A ellos se sumaron la senadora Silvia Giacoppo, el abogado Juan Pablo Más Vélez y la abogada Marina Sánchez Herrero.
El dictamen presentado por Molea establece que se le debe comunicar al Poder Ejecutivo la situación de los traslados y todos sus antecedentes, lo que habilita al Gobierno a enviar los nombres al Senado para que les de acuerdo o no. El texto también propone informarle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación “atento la naturaleza de las cuestiones comprometidas”.
El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, presentó hace 10 días un informe en el que sostuvo que hubo irregularidades en el traslado de 10 jueces bajo anteriores gestiones.
En el caso de esos 10 jueces las objeciones es que no cumplieron con un requisito de la Constitución Nacional para el nombramiento de jueces que es la aprobación por parte del Senado. Además, según cada caso, que los traslados se dieron entre distintas jurisdicciones o para tribunales cuyas competencias -los temas que tratan son distintas.
Los 10 jueces objetados son Zunilda Niremberger, Juan Manuel Iglesias, Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Pablo Bertuzzi, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata.
Tres de ellos son magistrados de los tribunales de Comodoro Py, donde se tratan las causas de corrupción. Son los casos de Bruglia y Bertuzzi, que integran la Cámara Federal, y el de Castelli, del Tribunal Oral Federal 7, donde está el juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner por la llamada causa “cuadernos de la corrupción”.
También hay tres jueces federales que tienen la competencia electoral de Chaco, Jujuy y de Misiones. Son Niremperger, Hansen y Skanata, respectivamente. Otro nombre de relevancia es de Villena, juez federal de Lomas de Zamora que investigó el espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Macri hasta que fue apartado del expediente.
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