El Senado de Salta comenzó a debatir una propuesta educativa que, de concretarse, marcaría un antes y un después en las políticas de reinserción social en la provincia. Se trata de un proyecto para implementar carreras de nivel superior no universitario, gratuitas y de gestión pública, destinadas a personas privadas de la libertad en la Unidad Penal de Villa Las Rosas, una iniciativa pionera a nivel nacional.
La propuesta fue presentada ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, presidida por el senador Dani Nolasco, con la participación de los legisladores Alejandra Navarro y Manrique Burgos, y autoridades del Ministerio de Educación, entre ellas el director general de Educación Superior, Carlos Delgado, y los supervisores Luis Colque y Carolina Calderón.
Durante el encuentro se analizó el estado actual de la oferta educativa en contexto de encierro y se puso en evidencia una desigualdad estructural: hoy, en Villa Las Rosas, las personas privadas de la libertad solo acceden a educación superior a través de universidades privadas y a distancia, mientras que la oferta pública se limita a capacitaciones no formales en oficios como carpintería, herrería o artesanías.
El proyecto busca revertir esa realidad apoyándose en un sólido marco legal. Colque explicó que la iniciativa se sustenta en la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, que garantiza el derecho a la educación de las personas privadas de la libertad, y en la Ley de Ejecución de la Pena Nº 24.660, que obliga al Estado a asegurar una oferta educativa integral dentro del sistema penitenciario.
La propuesta contempla la creación de un anexo áulico de una institución de nivel superior ya existente y la apertura inicial de tres tecnicaturas con alta salida laboral: Marketing Digital, Gestión de Emprendimientos y Gastronomía. Delgado precisó que estas carreras forman parte de las más de 70 tecnicaturas que ya se dictan en la provincia y que la experiencia podría replicarse en otras unidades carcelarias si los resultados son positivos.
En términos académicos, el esquema prevé entre seis y ocho materias por año, dictadas durante tres años, con un plantel de entre 15 y 20 docentes, todos provistos por el Ministerio de Educación. Calderón indicó que la implementación podría concretarse en 2027 y aclaró que las tecnicaturas cuentan con validez nacional, un dato clave para garantizar que los títulos tengan real impacto una vez recuperada la libertad.
Uno de los ejes más relevantes del proyecto es la concepción de la educación superior en contexto de encierro como una política de triple impacto: social, educativa y preventiva. No se trata solo de formar técnicamente, sino de ofrecer herramientas concretas para reducir la reincidencia, fortalecer la autonomía personal y facilitar una reinserción real en la sociedad.
La infraestructura necesaria, según se expuso, ya se encuentra disponible dentro del penal de Villa Las Rosas. Lo que resta es avanzar en la articulación interinstitucional para garantizar el funcionamiento del proyecto, que incluiría modalidades presenciales y, de manera complementaria, esquemas híbridos.
Al cierre de la presentación, los senadores coincidieron en la necesidad de profundizar el análisis y resolvieron iniciar una ronda de consultas el próximo año con la ministra de Educación, para evaluar la viabilidad operativa y definir un cronograma concreto. “Es un deber del Estado lograr la reinserción de las personas privadas de la libertad y para eso debemos dar herramientas”, sostuvo Nolasco.
El debate recién comienza, pero el mensaje es claro: sin educación, no hay reinserción posible. Y esta iniciativa pone sobre la mesa una pregunta incómoda pero necesaria sobre el rol del Estado frente a quienes, aun privados de su libertad, siguen siendo sujetos de derechos.
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