La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó las condenas a 16 años de prisión para José Antonio Grueso, exjefe de personal de la empresa La Veloz del Norte, y para el excomisario Víctor Hugo Almirón, por su participación en crímenes de lesa humanidad cometidos en 1977 contra 17 trabajadores de la firma. La decisión confirma que los hechos formaron parte de un ataque sistemático y generalizado impulsado durante la última dictadura militar.
En un fallo unánime respecto al excomisario y mayoritario en cuanto a Grueso, el máximo tribunal penal sostuvo que la represión se enmarcó en un plan que buscaba reprimir la actividad sindical y política, con un aporte fundamental de la empresa y sus responsables. En este caso paradigmático de responsabilidad empresarial, se estableció que el personal de La Veloz del Norte, bajo la dirección del empresario Marcos Levín (fallecido en 2024), colaboró activamente en la persecución y tortura de sus trabajadores.
Las víctimas fueron secuestradas entre el 20 y 24 de enero de 1977 en Salta y Tucumán, bajo una falsa denuncia de estafa que encubrió la verdadera motivación: la persecución por motivos gremiales y políticos. Permanecieron detenidas en la Comisaría Cuarta de Salta, donde fueron sometidas a torturas y presionadas para firmar declaraciones falsas. Posteriormente, algunos fueron liberados o trasladados a la prisión de Villa Las Rosas.
El tribunal recordó que Grueso facilitó listados de empleados para su detención y acompañó el traslado hacia la comisaría, mientras que Almirón estuvo al mando de la dependencia policial donde se cometieron los abusos. La Fiscalía N°3, representada por el fiscal general Raúl Pleé y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila, defendió la confirmación de las condenas, destacando el carácter de lesa humanidad de los delitos.
El fallo subraya que la participación de empresarios en la represión durante la dictadura fue parte de un plan sistemático y que, en este caso, la colaboración directa de la empresa y su personal fue fundamental para la persecución y tortura de los trabajadores. La Sala III ratificó además la correcta valoración de las pruebas, rechazando los recursos de las defensas que cuestionaban la calificación de los hechos y la fundamentación de la sentencia.
Este juicio y su reciente confirmación judicial reafirman la lucha por la memoria, verdad y justicia en Argentina, remarcando la responsabilidad empresarial en uno de los capítulos más oscuros de la historia nacional.
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