El Tribunal Oral Federal 2 reanudó el juicio en la que la principal imputada por presunto direccionamiento en la obra pública al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, es Cristina Fernández.
La audiencia se reinició vía Zoom, pero la vicepresidenta no se conectó para seguir el proceso. En su representación se encuentra el abogado Carlos Beraldi.
El presidente del Tribunal Gorini abrió la audiencia y de inmediato los defensores de los acusados hicieron planteos contra la modalidad de juicio remota. Mariano Fragueiro Frias, defensor del extitular de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro, planteó que la presencia por ese sistema “no significa convalidar absolutamente nada”. Pidió que se lo autorice a estar presente en la sala de audiencias.
El abogado del exfuncionario Carlos Kirchner Enrique Arce criticó la decisión del Tribunal de reanudar las audiencias de manera semirremota, consideró que se excedió el plazo durante el que puede suspenderse un juicio oral y planteó la nulidad. Arce consideró que la reanudación del juicio “se da de bruces con la ley procesal” y planteó: “Me fastidia que nos muteen y conviertan el procedimiento oral en un procedimiento escrito y encima por chat”.
El abogado criticó la presencia física de los testigos en la sala de audiencias del Tribunal, y preguntó: “¿Qué pasa si un testigo en el ámbito de la citación es contagiado de COVID-19 en el ámbito del tribunal y luego fallece? No es improbable que suceda”. El fiscal de juicio Diego Luciani se opuso al planteo y pidió rechazarlo. Dijo que el Tribunal, “aún poniendo en riesgo su salud”, resolvió que las audiencias se hagan con la presencia física de los jueces y los testigos citados.
La causa
La investigación se inició a partir de una denuncia del exministro de Energía y exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel por graves irregularidades en contratos de obra pública en la provincia patagónica, como sobreprecios. La vicepresidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar obra pública a Báez.
Entre las anomalías que se determinaron en la investigación el juez federal Julián Ercolini, al elevar la causa a juicio oral, advirtió que 51 de las 88 obras realizadas en Santa Cruz entre 2004 y 2015 se hicieron con empresas del empresario K, por un monto de $46 mil millones.
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