El procurador general de Salta, Pedro García Castiella, anunció que el Ministerio Público Fiscal solicitó la continuidad de la investigación por el crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni. Su objetivo es garantizar que el caso no quede cerrado y que se respete el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.
Durante una conferencia de prensa, García Castiella explicó el complejo escenario judicial que enfrenta la causa. Destacó que la decisión de insistir en la investigación responde a la necesidad de esclarecer los hechos y evitar que el caso quede impune.
El Procurador recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras analizar el expediente durante siete años, anuló la condena de Santo Clemente Vera. La razón no fue su inocencia o culpabilidad, sino un error procesal: no se había cumplido correctamente el artículo 550 del Código Procesal Penal de Salta. Según el fallo, si correspondía una condena, debía realizarse un nuevo juicio.
Tras esta resolución, la Corte de Justicia de Salta remitió el caso a otra sala del Tribunal de Impugnación, que tenía dos opciones: ordenar un nuevo juicio o confirmar la absolución de Vera aplicando el principio de la duda. Sin embargo, el tribunal tomó un tercer camino: declaró la “insubsistencia de la acción penal” y sobreseyó a Vera.
Diferencias clave: insubsistencia vs. extinción de la acción penal
García Castiella aclaró que el concepto de insubsistencia de la acción penal surge de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha sido aceptado por la Corte Suprema de la Nación. Básicamente, significa que una persona no puede ser sometida a un proceso judicial indefinidamente. Sin embargo, subrayó que esto no es lo mismo que la extinción de la acción penal.
“La insubsistencia es un beneficio exclusivo para el imputado y solo se aplica en su caso particular”, explicó. En cambio, “la extinción de la acción penal cancela definitivamente la posibilidad de seguir investigando el delito”. En este caso, el homicidio agravado aún no ha prescrito, ya que el plazo de 15 años se cuenta desde 2011.
Pedido de continuidad de la investigación
Ante este panorama, el Ministerio Público Fiscal presentó un escrito ante el Tribunal de Impugnación solicitando que se extraigan copias del expediente. El objetivo es radicar las actuaciones en el juzgado de transición correspondiente y permitir que la investigación continúe.
García Castiella enfatizó que no se trata de una reapertura del caso, sino de asegurar que las querellas puedan aportar pruebas y que la búsqueda de justicia siga su curso. También adelantó que se pedirá la colaboración de un laboratorio en Francia para analizar pruebas genéticas y de biología molecular aún pendientes.
Finalmente, el Procurador reafirmó su compromiso con la transparencia y con el derecho de las víctimas a la justicia. “Quien quiera aportar algo, que venga, se siente y lo diga, pero dentro del marco institucional, constitucional y procesal correspondiente”, concluyó.
Comments