La democracia no admite zonas grises cuando se trata de libertad de prensa. Y la intimidación sufrida por el periodista Hugo Alconada Mon, tras revelar detalles del nuevo Plan de Inteligencia Nacional aprobado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), es un hecho que debe alarmar a toda la ciudadanía, más allá de simpatías políticas.
En una secuencia que parece sacada de un manual de hostigamiento digital, Alconada Mon fue víctima de una decena de intentos de hackeo a sus cuentas personales, amenazas por WhatsApp desde distintos números telefónicos y, en un acto humillante y delictivo, la creación de un perfil con su nombre en un sitio pornográfico. Todo esto ocurrió apenas horas después de que su investigación expusiera el contenido del plan oficial que autoriza a los servicios de inteligencia a monitorear a periodistas, economistas y ciudadanos que “erosionen la confianza” en el Gobierno o “manipulen” la opinión pública.
No se trata de un hecho aislado. Otras personas, incluso cercanas al oficialismo o al pensamiento libertario, han denunciado campañas similares de hostigamiento. Esto incluye desde acoso digital hasta lo que se conoce como doxeo: la publicación no autorizada de datos personales con el fin de intimidar.
La reacción oficial no fue aclaratoria. Lejos de ofrecer explicaciones o garantías institucionales, la Oficina del Presidente retuiteó declaraciones que califican al 90% del periodismo como “creadores de noticias falsas”, alimentando un clima de tensión con la prensa que no puede ni debe ser parte de un sistema democrático.
Organizaciones como ADEPA, Fopea y la Sociedad Interamericana de Prensa, además de actores políticos de distintas orientaciones, repudiaron el ataque y reclamaron una investigación seria y urgente. Porque cuando se ataca a un periodista por publicar información de interés público, no solo se busca silenciar a una persona: se atenta contra el derecho de todos a estar informados.
No hay democracia sólida sin periodismo libre. Y no hay periodismo libre cuando investigar el funcionamiento de los servicios de inteligencia puede convertir a un profesional en blanco de una cacería digital.
El Estado debe proteger a quienes ejercen el periodismo con responsabilidad, no convertirlos en objetivos. Y eso incluye, primero, una condena clara del hecho por parte del Gobierno, y segundo, el esclarecimiento judicial rápido y transparente de quiénes están detrás de estos ataques.
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