La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, confirmó en una conferencia de prensa que el diputado nacional Emiliano Estrada ha sido imputado provisionalmente por los delitos de intimidación pública y peculado de trabajos y servicios. Esta decisión surge tras una exhaustiva investigación en torno a videos anónimos difundidos en TikTok que denunciaban presuntas vinculaciones entre las instituciones de Salta y el narcotráfico.
La Fiscal explicó que los videos en cuestión, aludiendo a un supuesto “estado narco”, buscaban generar temor en la ciudadanía, afectando la confianza en las instituciones democráticas de la provincia. Según Cornejo, este contenido tiene el potencial de desestabilizar el orden público al sembrar miedo sobre la seguridad y gobernabilidad en Salta.
“El delito de intimidación pública tiene como objetivo proteger el orden democrático y evitar conductas que inciten al temor colectivo y alteren el normal funcionamiento de las instituciones”, señaló Cornejo.
Vinculación directa con el entorno del diputado
La fiscal reveló que dos de los tres imputados iniciales en la causa son asesores contratados de Emiliano Estrada en la Cámara de Diputados de la Nación, Florencia Arias Bustamante y Alonso Javier Allemand. Gracias a informes remitidos por plataformas como TikTok y Google, se determinó una conexión entre estas personas y la producción de los videos que buscaban generar alarma pública.
Adicionalmente, el diputado Emiliano Estrada fue imputado por peculado, al sospecharse que los fondos destinados al pago de los servicios de sus “asesores” fueron utilizados para financiar estas actividades ilícitas. Cornejo destacó que el financiamiento de esta organización provenía del erario público nacional, lo que podría derivar en la intervención de la justicia federal.
Entre los elementos probatorios se identificaron cinco videos con un mensaje homogéneo que vinculan a las instituciones salteñas con el narcotráfico, mencionando por ejemplo operativos de drogas realizados en ambulancias privadas. Según la fiscal, esta narrativa se contrapone al esfuerzo de las autoridades en combatir el crimen organizado, exacerbando el temor social.
“El uso de redes sociales como herramienta para difundir este tipo de mensajes no exime la responsabilidad penal de quienes lo producen. Este tipo de acciones afectan la percepción de seguridad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones”, explicó.
Cornejo precisó que, si bien el delito de intimidación pública es de competencia ordinaria, el presunto peculado podría involucrar a la justicia federal debido al uso indebido de recursos del Congreso de la Nación.
La imputación contra Emiliano Estrada marca un nuevo capítulo en una investigación que ha puesto en el foco la relación entre redes sociales, financiamiento público y delitos de índole política. Las acusaciones lanzan una sombra sobre la integridad del legislador, quien ahora deberá enfrentar no solo el peso de las pruebas reunidas, sino también la presión social y política que este caso genera.
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