Concejales de todos los bloques coincidieron en que los hechos denunciados ameritan una respuesta firme. Se conformó la Comisión de Disciplina y Juicio Político, y se citó al edil para ejercer su derecho a defensa.
En una sesión especial del Concejo Deliberante, se rechazó la renuncia presentada por Pablo Emanuel López, concejal de La Libertad Avanza denunciado por violencia sexual, física y económica contra una mujer de su propio espacio político. En su lugar, se resolvió conformar la Comisión de Disciplina y Juicio Político, que se reunirá este jueves a las 11:00 para evaluar medidas disciplinarias y garantizar el derecho a la defensa, citando al edil para que exponga su descargo.
Cabe recordar que la Carta Municipal de Salta y la Ley 6534/88 establecen que los concejales no pueden ser sometidos a juicio político, sino que el Concejo Deliberante solo puede excluir o expulsar a sus miembros mediante un procedimiento administrativo específico. La renuncia de un concejal no requiere aceptación ni rechazo por parte del cuerpo legislativo.
Pablo Emanuel López fue reelecto y podrá asumir su nuevo mandato en diciembre de 2025, por lo que expulsarlo antes podría impedir una futura exclusión válida debido a la cosa juzgada, que prohíbe sancionar dos veces por la misma causa. La única forma legal de impedir su regreso es mediante una sentencia judicial firme de inhabilitación o su exclusión tras la toma de posesión, garantizando así el respeto a los procedimientos y límites legales.
Pese a esto, el concejal Gonzalo Nieva destacó que, según el artículo 66 de la Constitución Nacional, la renuncia de cualquier legislador requiere ser aprobada. Sin embargo, debido a la gravedad de los hechos públicos y a la justificación de la renuncia, en la que se menciona persecución política y hostigamiento, Nieva consideró indispensable activar la comisión de disciplina, juicio político y responsabilidad patrimonial. Resaltó que, por el impacto público y la seriedad de las acusaciones, el Concejo Deliberante debe utilizar todos los mecanismos institucionales para investigar y definir las responsabilidades políticas involucradas. Por eso, propuso que la investidura del concejal se mantenga vigente hasta que la comisión emita un dictamen de fondo.
En tanto la concejal Eliana Chuchuy destacó la necesidad de actuar con responsabilidad institucional y compromiso. Señaló que la situación deriva de una denuncia muy grave que afecta la integridad de una mujer, lo cual es especialmente preocupante dado que el acusado es un colega con quien comparte trabajo diario y que fue elegido por la ciudadanía para integrar el Concejo Deliberante. Subrayó que el rol de los concejales es abordar temas importantes para el desarrollo y bienestar de Salta, y ante estos hechos públicos, enfatizó que la cuestión debe tratarse con estricta institucionalidad. Apoyó la idea de que la Comisión de Juicio Político y Disciplina sea la encargada de determinar los pasos a seguir, especialmente porque se trata de alguien en funciones y reelecto por la gente. Chuchuy afirmó que el Concejo no puede ignorar estas situaciones que la sociedad rechaza y que exigen una respuesta responsable y madura. Además, desde su perspectiva como mujer y concejal, afirmó que la violencia de género no debe ser minimizada ni silenciada, sino que debe ser el punto de partida para erradicar estas prácticas en la ciudad. Por ello, pidió que sus colegas actúen con seriedad, objetividad y compromiso para impedir que este tipo de conductas continúen.
Por su parte Gustavo Farquharson insistió en la necesidad de activar los mecanismos institucionales para investigar a fondo la situación, a través de la Comisión de Disciplinamiento y Juicio Político, que debe recabar información también de la justicia y permitir la defensa del concejal. Criticó la falta de solidaridad del partido de López hacia la víctima, y la minimización del hecho como “un error” por parte de Alfredo Olmedo, recordando que la violencia es un delito grave. Sostuvo que la institución no puede mirar para otro lado y debe enviar un mensaje claro de cero tolerancia a la violencia de género. Por eso, se opone a aceptar simplemente la renuncia, pues considera que esto dejaría dudas sobre la institución y que se debe investigar para tomar una decisión responsable. Resaltó además el impacto social y político del caso, pues la víctima no solo denunció a un expariente, sino a alguien del mismo espacio político y parte del Concejo.
Desde la Libertad Avanza la concejal Laura Jorge, expresó en una minuciosa lectura de un escrito que llevaba consigo, que comparte la tristeza por la situación, pero destacó que la Carta Municipal establece claramente que el juicio político solo aplica al Intendente, por lo que ningún concejal puede ser sometido a ese proceso. Señaló que la única vía legal para remover a un concejal es mediante un procedimiento de exclusión, que solo puede aplicarse si el concejal está en funciones, y recordó que Pablo López ya renunció a su banca. Por eso cuestionó el propósito de la sesión especial, instando a no usar políticamente un asunto penal que debe resolver la justicia. Jorge también pidió respeto absoluto por la identidad y la integridad de la víctima, lamentando la violación de su privacidad por parte de medios y políticos, y rechazó que La Libertad Avanza no haya apoyado a la denunciante, aclarando que el partido siempre preservó su identidad y se puso a disposición de la víctima, quien sigue activa en el espacio político. Además, recordó que su partido fue el primero en pedir la renuncia y expulsar a López, y llamó a otros espacios políticos a actuar con la misma rapidez ante casos de violencia o corrupción, ya que, en su opinión, muchos no han tomado medidas contra otros funcionarios con denuncias graves. Finalmente, reafirmó el compromiso de La Libertad Avanza contra la violencia y con la justicia, defendiendo la igualdad ante la ley.
Martín Corral por su parte, expresó su preocupación por la mención de “hostigamiento” en la carta de renuncia del concejal López, señalando que el Concejo debe investigar ese punto para clarificar la situación, ya que es una obligación institucional saber si uno de sus miembros se siente hostigado. Aseguró que, personalmente, no cree que ese hostigamiento provenga del cuerpo deliberativo. Por ello, consideró que lo más prudente es iniciar un proceso formal de investigación que permita esclarecer los hechos y tomar una decisión clara y justa sobre la continuidad del concejal en su cargo. Destacó que el Concejo es un órgano colegiado y que una renuncia no debería ser suficiente para dejar el tema sin resolver, sobre todo porque implica dejar vacante una banca. Finalmente, señaló que aunque la Carta Municipal y el Reglamento no establecen normas específicas para aceptar renuncias, el Concejo sí interviene en temas como licencias, por lo que también debe hacerlo en este caso para no dejar la situación en incertidumbre. Por eso propuso rechazar la renuncia y avanzar en un proceso de esclarecimiento responsable.
Agustina Álvarez, quien fuera compañera de bloque de López antes de que éste diera el salto hacia la Libertad Avanza, expresó vergüenza por tener que debatir nuevamente sobre escándalos en la política, en lugar de enfocarse en los problemas reales de Salta y su desarrollo. Señaló que la política muchas veces se ha convertido en un espacio de impunidad y privilegios, y que esta situación ya no sorprende. Recordó varios casos recientes de dirigentes salteños envueltos en hechos graves, lo que genera desconfianza en la ciudadanía. Álvarez subrayó que, como joven política comprometida, siente la responsabilidad ética e institucional de actuar con seriedad y no buscar rédito político. Reconoció el cansancio de la gente ante la corrupción y los privilegios, y cuestionó con qué autoridad los políticos pueden pedir confianza cuando la política está manchada por estos escándalos. Finalmente, hizo un llamado a la reflexión para que los representantes y los partidos estén a la altura del desafío de limpiar la imagen pública, dejando atrás el machismo, la impunidad y la corrupción. Recordó que la justicia decidirá culpabilidad o inocencia, pero el Concejo debe actuar para no cubrir con sospechas permanentes su labor y preservar la moralidad institucional.
Malvina Gareca en tanto, afirmó que la renuncia del concejal Pablo López no es solo un trámite administrativo, sino una consecuencia de una denuncia valiente hecha por una mujer que fue abandonada y desacreditada por su propio espacio político, La Libertad Avanza. Criticó duramente las declaraciones públicas de referentes de ese partido que minimizaron o cuestionaron la denuncia, lo cual contribuyó a la revictimización. Señaló que La Libertad Avanza, que se presentó como una alternativa a la vieja política, ha demostrado reproducir las peores prácticas: encubrimiento, abuso de poder y falta de responsabilidad institucional. Destacó que la violencia de género no distingue ideologías ni clases sociales, y que el daño personal es un tema político que exige una conducta ética intachable de los funcionarios. Gareca pidió que el Concejo Deliberante rechace la renuncia y active la Comisión de Disciplina y Juicio Político, porque aceptar simplemente la renuncia sería un mensaje contradictorio que no responde a la gravedad del caso ni a la necesidad de dar una señal clara a la sociedad de que la violencia no se tolera.
Finalmente el edil Martín Del Frari destacó que hablaba con autoridad moral, sin causas judiciales en su contra, y cuestionó la versión de La Libertad Avanza sobre su rápida actuación y respaldo a la víctima, señalando que hubo intentos públicos de defender al concejal denunciado, como el video de la diputada Emilia Orozco. Negó rotundamente que el concejal Pablo López haya sido hostigado o perseguido políticamente en el Concejo, y recordó que fue él quien durante sesiones agredió y difamó a otros. Por eso, rechazó aceptar la renuncia en los términos presentados y pidió avanzar en su exclusión por inhabilidad moral debido a las graves denuncias en su contra. Además, hizo un llamado a La Libertad Avanza para que revise a sus integrantes, ya que la violencia no solo es física sino también discursiva, y criticó discursos de odio y misoginia en varios niveles políticos. Por último, pidió (a la concejal Laura Jorge) que se nombre a los concejales con causas judiciales abiertas si se van a mencionar, para no distraer la atención ni diluir responsabilidades. Concluyó que corresponde al Concejo evaluar si López puede seguir en el cuerpo y apoyó conformar la Comisión de Disciplina para avanzar en su exclusión.
Comments