El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios ha dado un paso al requerir la respuesta del juez de Garantías de Orán, Francisco Oyarzú, frente a las acusaciones de presunto mal desempeño en sus funciones.
El magistrado deberá presentar su descargo en los próximos diez días y aportar pruebas que respalden su defensa, una oportunidad clave para esclarecer su rol en decisiones cuestionadas que, según el Procurador General, Pedro García Castiella, habrían obstaculizado el accionar de la justicia en causas de alto perfil.
La acusación, impulsada por el procurador, sostiene que la conducta De Francisco Oyarzú ha supuesto trabas significativas en varias investigaciones. Entre los casos señalados, resalta el robo a la empresa Abra de Sol, un asalto de gran repercusión en el que se cuestiona la insistencia de Oyarzú en negarse a autorizar la revisión de dispositivos incautados. La negativa prolongada del magistrado mantuvo en pausa la investigación durante cuatro meses, hasta que una apelación elevó el asunto al Tribunal de Impugnación, que revocó su decisión. Según la acusación, esta dilación impactó de manera crítica en la recolección de pruebas que podrían haber sido determinantes para el caso.
Otro de los señalamientos de la acusación apunta a una serie de resoluciones que parecen favorecer a los imputados en detrimento del Ministerio Público Fiscal. En uno de estos episodios, Oyarzú habría autorizado la salida del acusado José Dimas Ruíz para participar en una “reunión comercial” sin informar a la fiscalía. Este hecho suscitó controversia, dado que Ruíz enfrenta cargos graves y, hasta la fecha, no se ha logrado recuperar el botín robado.
La acusación también incluye el homicidio de César Daniel “Oreja” Martínez, caso en el cual el juez nuevamente habría generado demoras. En este proceso, la fiscalía solicitó la confirmación del secuestro de un teléfono móvil con posibles pruebas, pero el magistrado aplazó su decisión durante tres meses. Nuevamente, el Tribunal de Impugnación debió intervenir para que la medida fuera ratificada, señalando la evidente dificultad de avanzar en la investigación ante tales obstáculos.
El expediente del Jurado subraya además el tratamiento del caso “García Viarengo, Gustavo, por homicidio calificado – femicidio”, en el que Oyarzú fue duramente criticado por concederle arresto domiciliario al imputado con una fianza que los fiscales consideraron simbólica. La actuación del juez en este caso fue descrita como un “embrollo procesal” por el Tribunal de Impugnación, que criticó su decisión de modificar la hipótesis delictiva formulada por el Ministerio Público, lo que levantó serias preocupaciones sobre su capacidad para manejar causas sensibles de violencia de género.
Estos episodios, junto a otros antecedentes, componen el núcleo de la acusación que el procurador García Castiella presentó al Jurado de Enjuiciamiento. El documento plantea que las actuaciones del magistrado comprometen la eficacia de la justicia y exigen una revisión exhaustiva. Ahora, en este punto de inflexión, el juez Oyarzú tendrá la oportunidad de exponer su versión y defender su criterio ante una acusación que podría significar el fin de su carrera judicial.
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