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Explosión y al menos cinco muertes en el Ingenio La Esperanza

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El feroz incendio se desató esta tarde en el sector de destilería del ingenio La Esperanza, en la localidad jujeña de San Pedro.

Las cinco víctimas fatales fueron halladas completamente calcinadas, por lo que no pudieron ser reconocidas, según confirmó el fiscal del caso Ernesto Lian Resúa.

Con llamas de hasta diez metros de altura, el incendio se expandió por un vasto sector de la planta, aledaña al portón principal de acceso, y obligaba a la evacuación de las viviendas de la zona por temor a nuevas explosiones. En el establecimiento fabril fueron apostados unos 100 efectivos de seguridad.

“Hasta el momento tenemos cinco personas fallecidas y seguimos esperando que nos informen de más fallecidos porque en el momento de la explosión había 140 personas trabajando en el ingenio. No sabemos cuál es la cantidad de los evacuados”, dijo poco antes de las 20 el fiscal Lian Resúa.

“Hubo una explosión de los tanques de alcohol, en el depósito”, dijo el intendente de San Pedro, Julio Bravo, además de remarcar que “todos los organismos del Estado están colaborando” y que “hay todo un operativo montado”.

Los heridos fueron trasladados al hospital Guillermo Paterson de San Pedro, a 65 kilómetros al este de San Salvador de Jujuy.

Las autoridades montaron un operativo de emergencia donde se realizó la evacuación de las viviendas de la zona por temor a nuevas explosiones.

La venta del Ingenio

En mayo pasado se inició el proceso de transferencia a manos privadas del ingenio La Esperanza, administrado por el Gobierno jujeño tras 20 años en quiebra. Fue a través de una resolución judicial de adjudicación de la venta al grupo tucumano Budeguer, por u$s 50 millones (con un aporte inicial de u$s 10 millones y la promesa de mantener los más de 600 puestos de trabajo). Previamente, había fracasado la venta al grupo colombiano Omega Energy.

Sin embargo, días atrás la diputada nacional peronista Carolina Moisés presentó ante la Justicia provincial un pedido de informes sobre el estado del proceso de venta, a partir de -afirmó- plazos vencidos en el pago de cuotas acordadas y el despido de 19 trabajadores en 2017.

Así lo indicó la legisladora nacional luego de realizar la presentación en el Centro Judicial de San Pedro de Jujuy, dirigida al juez que intervino en la quiebra del complejo azucarero, vendido en mayo pasado al grupo tucumano Budeguer.

“El 30 de octubre ha vencido el plazo de la segunda cuota a pagar y tenemos información respecto a que la empresa habría pedido una compensación del pago de esa cuota en función de supuestas obras; queremos saber si es así y cuáles han sido esas obras, ya que ésto no estaba previsto en la venta”, dijo Moisés a la prensa local.

Agregó que sumado a ello “hay deudas con proveedores y también una deuda millonaria con la obra social de los trabajadores del ingenio”, con la que si bien ya había incumplimientos antes de la venta, “tampoco hizo pagos Budeguer”.

“Ya pasó suficiente tiempo para que se instale y funcione”, resumió Moisés, atento, según dijo, a la manifestación de “gran preocupación y malestar” por parte de trabajadores y de la comunidad sampedreña.

En el escrito se solicita informe sobre si “conforme los términos y condiciones de la venta del Ingenio La Esperanza, la firma adquirente ha cumplido con los pagos de la propuesta”.

También se pide que se informe sobre “el caso particular de 19 trabajadores permanentes que fueron despedidos en 2017, sin recibir indemnización alguna, muchos de ellos con más de treinta años de antigüedad”.

El proceso de transferencia del ingenio la Esperanza, administrado por el gobierno jujeño tras 20 años en quiebra, se inició a fines de mayo a partir de una resolución judicial de adjudicación de la venta del complejo al grupo tucumano Budeguer, a cambio de un total de US$ 50 millones.

Tras un aporte inicial de US$ 5 millones, se fijó un segundo depósito, de US$ 2 millones, para el 30 de octubre y un tercero, de US$ 3 millones, para el 30 de abril del 2020, según la resolución emitida por el juzgado que intervino en la quiebra de la fábrica, a cargo del juez Juan Pablo Calderón.

El saldo restante fue acordado abonarse en quince cuotas anuales, iguales y consecutivas, de US$ 2.666.666 en septiembre de cada año a partir de 2021 y hasta 2036.

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