El expresidente de la Panadería Social de la Municipalidad de Salta, Luis Emilio Fayón Medina, fue imputado provisionalmente por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, bajo el cargo de fraude a la administración pública. Junto a él, también fueron imputadas su esposa y cuñada como partícipes necesarias del mismo delito.
La imputación surge a raíz de una denuncia realizada por el Procurador General de la Municipalidad de Salta el 24 de mayo pasado, en la que se señalaron serias irregularidades en la administración de la Sociedad del Estado Municipal «Pan Solidario».
La auditoría, que se centró en el periodo de julio a diciembre de 2023, reveló presuntos sobreprecios, compras direccionadas y un manejo irregular de los recursos de la Panadería Social. Estas prácticas habrían causado un perjuicio económico al erario municipal de aproximadamente $100 millones.
Según la investigación, la Panadería Social habría favorecido injustificadamente a ciertos comercios, en particular a los negocios de la esposa y la cuñada de Fayón Medina, quienes habrían facturado más de $50 millones por la venta de fiambres y embutidos. La auditoría calificó como “cuanto menos extraño” que la Panadería Social adquiriera insumos en comercios de pequeña escala, sin historial en el rubro ni relación de provisión previa, y sin un procedimiento de selección que promoviera la eficiencia y la transparencia en el gasto.
Además, se detectó la existencia de sobreprecios significativos en la adquisición de insumos. Por ejemplo, un proveedor facturó “Margarina Premium por 10 kg.” a $161.150, cuando el precio de mercado era de aproximadamente $16.560, lo que representó un daño patrimonial superior a los $3.300.000 solo en este rubro.
La auditoría también encontró inconsistencias en el uso de la materia prima comprada por la Panadería Social, ya que las cantidades adquiridas superaban significativamente las necesarias para la producción registrada, sugiriendo un grave faltante de stock sin explicación aparente.
Durante la audiencia de imputación, las tres personas asistieron acompañadas por un abogado particular, se abstuvieron de declarar y no aceptaron responder preguntas de la Fiscalía. La investigación continúa, y la UDEC sigue recopilando pruebas para determinar el alcance total del presunto fraude y sus implicaciones para la administración pública.
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