El Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, encabezado por el ministro Martín de los Ríos, se reunió con miembros de la Cámara de Diputados para evaluar la posible adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), recientemente aprobado en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
La reunión, convocada por el presidente del cuerpo Esteban Amat, buscó discutir los beneficios y el impacto económico y social que esta medida podría traer a la región.
El ministro Martín de los Ríos destacó la importancia de esta normativa para atraer grandes inversiones, particularmente en sectores estratégicos como la minería y la energía, donde Salta posee un gran potencial. “La pronta adhesión estratégica es crucial para ser los primeros en captar las posibles inversiones,” subrayó.
En su intervención, de los Ríos enfatizó que, si Argentina no logra generar atractivos para la inversión privada, “la posibilidad de desarrollarnos económica y socialmente quedará muy comprometida, debido a la falta de credibilidad que tiene nuestro país a nivel internacional.” A su vez, aseguró que el gobernador Gustavo Sáenz está dispuesto a abrir el debate sobre esta medida, reconociendo que “esto no es un cheque en blanco, ni una decisión irreversible.”
Por su parte, el coordinador del ministerio, Diego Dorigato, señaló la necesidad de ofrecer seguridad jurídica a los inversores, asegurando que “el flujo de fondos no se modificará por una decisión política.”
Además, se discutió la posible adhesión al artículo 103 de la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, lo que permitiría un aumento del 5% en las regalías en boca de mina para nuevos proyectos. Este aumento sería aplicable dependiendo del mineral extraído, la inversión realizada y las variables económicas involucradas, sin afectar a los proyectos ya en marcha.
La secretaria de Minería y Energía, Romina Sassarini, también participó en la reunión, destacando la caída del precio del carbonato de litio, que ha ralentizado el desarrollo de nuevas inversiones. Sassarini explicó que el RIGI busca ofrecer estabilidad fiscal a proyectos de inversión superiores a USD 200 millones, lo cual podría compensar esta situación y mantener a Salta como un destino atractivo para nuevas inversiones.
En cuanto a los controles ambientales, Sassarini aclaró que seguirán bajo la órbita del Gobierno Provincial, ya que el RIGI no establece regulaciones específicas en ese sentido.
Finalmente, los funcionarios provinciales subrayaron que el RIGI establece la contratación obligatoria de un mínimo del 20% de proveedores locales, lo que podría impulsar el desarrollo de PyMEs y la creación de empleo en la región.
El RIGI, aprobado en junio pasado, tiene como objetivo fomentar grandes proyectos de inversión y desarrollar cadenas de producción estratégicas en sectores como la forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, e hidrocarburos. Las empresas interesadas deben presentar un plan de inversión al Ejecutivo Nacional, por un mínimo de USD 200 millones, con al menos el 40% de la inversión en los primeros dos años.
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