El caso, complejo en su trama y sensible en su impacto social, interpela a distintos actores del sistema: la Policía, la Justicia, la ciudadanía y los organismos de derechos humanos. El tribunal, presidido por la jueza Mónica Faber, tendrá la responsabilidad de dirimir no solo lo que sucedió aquella noche, sino también —y sobre todo— si las decisiones tomadas por los uniformados en cuestión fueron compatibles con los límites legales y éticos que rigen su accionar.
El fiscal Leandro Flores ha formulado una imputación severa: homicidio cometido en exceso del ejercicio del cargo y de la legítima defensa, agravado por el uso de armas, sumado en uno de los casos a vejaciones calificadas. Estas calificaciones responden, según indicó el Ministerio Público Fiscal, al análisis minucioso de la prueba, que habría revelado una respuesta policial con una letalidad no justificada.
Frente a esto, la sociedad no debe apresurarse a emitir condenas anticipadas ni caer en simplificaciones peligrosas. Este juicio no es una cacería contra la Policía, sino un ejercicio republicano de control y responsabilidad sobre quienes detentan el poder del Estado, incluso (y especialmente) cuando ese poder incluye el uso de armas letales.
La institucionalidad se fortalece cuando los propios engranajes del sistema se animan a revisar, investigar y juzgar sus actos. No hay fuerza pública legítima sin un sistema de consecuencias claro. Tampoco hay democracia plena si los agentes estatales actúan sin supervisión ni límites.
A su vez, es imprescindible reconocer el contexto de la intervención: una denuncia por violencia doméstica, una agresión con arma blanca a un policía, y la necesidad urgente de neutralizar una amenaza. Este escenario pone en tensión el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Y es allí donde el juicio tendrá que iluminar las zonas grises y distinguir con precisión entre el deber y el exceso.
La audiencia, que se extenderá hasta el 26 de mayo, será una oportunidad para reafirmar valores esenciales: la vigencia del Estado de Derecho, la importancia de la formación ética y legal de nuestras fuerzas de seguridad, y el derecho inalienable de toda persona —aún en situaciones límite— a no ser víctima de violencia institucional.
Este juicio es necesario. No solo por la víctima, no solo por los acusados, sino por la sociedad toda. Porque solo una justicia que actúa sin temor y con independencia puede garantizar una convivencia basada en la ley, el respeto a los derechos humanos y la confianza en las instituciones. Ese es el camino que hay que seguir. Siempre.
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