El Gobierno ha anunciado el lanzamiento de una exhaustiva auditoría para identificar pensiones por invalidez otorgadas de manera irregular. Este operativo buscará revisar los beneficios de 1.223.864 personas y se estima que cerca de medio millón podrían ser considerados fraudulentos. La auditoría tiene como objetivo principal eliminar pensiones no legítimas y recuperar unos 100.000 millones de pesos mensuales en gastos.
La decisión de llevar a cabo esta auditoría se basa en una denuncia presentada por el Fiscal Federal Guillermo Marijuán, quien ha señalado la posible implicación de ex funcionarios del Gobierno anterior, incluyendo al ex Presidente Alberto Fernández, así como a ex directores de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Según Marijuán, estos funcionarios habrían participado en un esquema sistemático para otorgar pensiones de manera irregular durante los gobiernos kirchneristas y el actual, facilitando su entrega a cambio de favores políticos.
La auditoría, que comenzará en breve, implicará la citación de los beneficiarios para que se presenten en oficinas de ANSeS o hospitales públicos. Allí, un médico evaluará el grado de discapacidad y se revisará el perfil socioeconómico del beneficiario. La información será utilizada para determinar si se debe mantener o cancelar el beneficio. El proceso puede durar entre 30 y 45 días, con una instancia de apelación para quienes reciban una baja.
El informe preliminar de Andis, que ya realizó una auditoría de muestra sobre 3.000 casos, sugiere que entre el 80% y 90% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos para recibir la pensión. Este aumento en los gastos por pensiones ha tenido un impacto significativo en las finanzas públicas, con un costo estimado de 265.000 millones de pesos al mes, equivalentes a aproximadamente 3.200 millones de dólares anuales.
La auditoría también revelará irregularidades en la red de prestadores de servicios médicos vinculados a los beneficiarios de pensiones. Se ha identificado que muchos de los beneficiarios fraudulentos están afiliados al programa Incluir Salud, donde se han facturado servicios inexistentes, contribuyendo al desvío de fondos adicionales.
Desde 2003, el número de pensiones por invalidez otorgadas se ha incrementado drásticamente, pasando de 80.000 a 1.223.864 beneficios. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y posteriormente de Alberto Fernández, se observó un aumento significativo en la concesión de estas pensiones. En contraste, durante el gobierno de Mauricio Macri, la cantidad de beneficios disminuyó.
El informe final de la auditoría no solo buscará identificar y eliminar pensiones irregulares, sino también corregir el sistema para evitar futuros abusos. El Gobierno asegura que la Andis llevará a cabo el proceso con la máxima objetividad y que se mantendrán fuera de la auditoría los beneficios para niños y adultos mayores.
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