El histórico Mercado San Miguel de Salta, un ícono comercial y cultural de la ciudad, enfrenta días de profunda incertidumbre tras la intervención decretada por las autoridades. En el centro de la polémica está José Muratore, quien administró el mercado durante años y que ahora se resiste a soltar las riendas de lo que, según sus críticos, dejó de ser un espacio público para convertirse en su “negocio personal”.
La intervención no llegó sin motivos. Fuentes oficiales han señalado una serie de irregularidades administrativas que, durante la gestión de Muratore, habrían llevado al mercado a una situación crítica. Desde falta de transparencia en los ingresos y gastos, hasta denuncias de favoritismos y privilegios hacia ciertos comerciantes, los cuestionamientos a su administración han sido constantes en los últimos años.
La Municipalidad de Salta declaró la intervención del Mercado San Miguel mediante el decreto N° 720/24, firmado el viernes 13 de diciembre. La medida responde a la situación de emergencia provocada por el siniestro que destruyó una parte importante del predio el pasado 6 de noviembre.
El Jefe de Gabinete, Juan Chalabe, aseguró que “la continuidad de los puesteros está garantizada”, destacando que la prioridad es “cuidar su fuente laboral y que puedan trabajar de manera segura”. La intervención estará a cargo de Emilio Gutiérrez, quien asumió con el desafío de reordenar y reconstruir el emblemático mercado.
“Vamos a trabajar para que el proceso sea lo más rápido y eficaz posible”, afirmó Gutiérrez, subrayando el valor patrimonial y social del Mercado San Miguel para los salteños.
“La intervención es una medida necesaria para recuperar el mercado para todos los salteños, garantizar la igualdad de condiciones y acabar con las prácticas que lo han debilitado como institución”, señalaron fuentes del municipio.
El poder detrás del mercado
El manejo del Mercado San Miguel a través de una Fundación, no es un asunto menor. Con su ubicación estratégica y su papel central en la economía local, administrar el mercado es administrar poder. Bajo la conducción de José Pepe Muratore, el espacio no solo funcionó como un eje comercial, sino como una estructura donde, según algunos comerciantes, primaban los intereses personales por encima del bien común.
“Muratore convirtió el mercado en su feudo. Tomaba decisiones arbitrarias, favorecía a sus allegados y dejaba a los demás comerciantes a su suerte. Ya era hora de que alguien pusiera un límite”, comentó uno de los locatarios, que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias.
Estas acusaciones se suman a los rumores de opacidad en el manejo de los recursos del mercado, lo que alimenta aún más las sospechas sobre el destino del dinero recaudado.
La resistencia de Muratore
Muratore rechazó la intervención y aseguró que no abandonará su cargo. La tensión escaló cuando el interventor y los abogados municipales debieron retirarse del mercado custodiados por la policía, ante la presión de puesteros adeptos que respaldaban a Muratore.
Pese a las evidencias y los testimonios en su contra, Muratore no ha dudado en calificar la intervención como “una maniobra política” destinada a desplazarlo del cargo. En declaraciones recientes, afirmó: “Esto es una persecución. Todo lo que he hecho ha sido en beneficio del mercado y de los comerciantes”.
Sin embargo, estas palabras contrastan con las voces que exigen una renovación. “El mercado necesita un cambio. No podemos seguir en manos de alguien que lo manejó como si fuera su propiedad privada”, expresó un comerciante, reflejando el sentir de muchos que ven la intervención como una oportunidad de transformación.
La intervención abre la puerta a un posible replanteo de la gestión del Mercado San Miguel. Por ahora, el conflicto parece lejos de resolverse, con Muratore aferrado al control y las autoridades enfrentando el desafío de desarmar un sistema de poder que lleva años consolidado.
La situación del Mercado San Miguel es un ejemplo claro de cómo la falta de transparencia y la concentración de poder pueden desvirtuar la esencia de un espacio que debería estar al servicio de la comunidad. Más que un simple cambio de administración, la intervención plantea la necesidad de un cambio de paradigma: devolver el mercado a sus verdaderos dueños, los comerciantes y los ciudadanos.
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