El Procurador General de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, solicitó la intervención penal en relación con la presunta contaminación del río Astilleros, basándose en resultados bacteriológicos recientes. Esta decisión se enmarca dentro de las atribuciones de la Unidad Fiscal Ambiental, la cual busca investigar y abordar la contaminación microbiológica en la zona de San Lorenzo Chico.
El fiscal penal Federico Jovanovicz fue designado para llevar adelante la investigación, partiendo de los estudios bacteriológicos que indicaron una elevada contaminación microbiológica, incluyendo un importante componente de coliformes fecales. Estos resultados se suman a las investigaciones sobre la contaminación de la cuenca del río Arenales, con el objetivo de identificar las fuentes de emisión y determinar posibles responsabilidades ambientales, funcionales y penales.
Contaminación confirmada por varios estudios
Los estudios, realizados por el Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI/UNSa), el área ambiental del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y el laboratorio de Recursos Hídricos provincial, confirmaron la contaminación en las plantas de tratamiento ubicadas en las urbanizaciones Praderas y Los Invernaderos en San Lorenzo Chico. Las muestras mostraron niveles de coliformes fecales y amoníaco por encima de los límites permitidos por la normativa legal.
Impacto en el abastecimiento de agua
La contaminación del río Peñalva, que forma parte del sistema de abastecimiento de Finca Las Costas y afecta a la Toma 3 Palmeras de la Ciudad de Salta, es de particular preocupación. Las inspecciones y muestreos técnicos revelaron que el agua no cumple con los valores de referencia para su uso como fuente de potabilización, lo que representa un riesgo significativo para la salud pública.
Precedentes legales y medidas a tomar
El Procurador General Pedro García Castiella mencionó precedentes ambientales relevantes, como el caso de la firma SAMEEP, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que los niveles de coliformes fecales en un arroyo afluente del río Paraguay no cumplían con los máximos admisibles, clasificando los residuos como peligrosos. Esta jurisprudencia se considera aplicable al caso del río Astilleros, lo que refuerza la necesidad de una investigación penal para preservar la salud pública y el medio ambiente.
Competencia y jurisdicción
La intervención penal se enmarca en las competencias y jurisdicciones ambientales de la Procuración General y el Ministerio Público, establecidas por la Constitución Provincial en su artículo 166, inciso F. La investigación buscará identificar las causas de la contaminación y los responsables, para implementar las medidas de remediación necesarias y proteger el bienestar de la comunidad.
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