El Ministerio Público Fiscal de Salta se encuentra investigando diversas irregularidades cometidas en la Unidad Carcelaria N° 3 de Orán por funcionarios públicos durante el traslado y visitas al detenido Oscar Alberto Díaz.
El traslado del interno a la Unidad Carcelaria N° 1 de Villa Las Rosas, en la ciudad de Salta, se produjo el 5 de junio de 2022 a pedido del propio Servicio Penitenciario Provincial, luego de que se alertara sobre la falta de condiciones de seguridad en el penal de Orán.
Según el informe presentado el 27 de mayo de 2022 por el alcaide Manuel Alejandro Zoilo, las instalaciones de la cárcel no contaban con la infraestructura adecuada para alojar a Oscar Alberto Díaz, debido a la falta de muros altos y a la ubicación vulnerable del penal, rodeado de montes que dificultaban la vigilancia. La situación de sobrepoblación también fue señalada como un factor de riesgo. Ante esto, se solicitó que el interno fuese trasladado a una unidad con mayor nivel de seguridad.
El mismo día, la fiscal Claudia Carreras solicitó formalmente el traslado ante el Juez de Garantías 2, Francisco Oyarzú, quien autorizó el cambio a la ciudad de Salta.
Visitas irregulares y tráfico de influencias
Días después del traslado, se detectó otra irregularidad: el ingreso no autorizado del ciudadano Darío Monges, quien se hizo pasar por abogado para visitar a Díaz en la cárcel de Orán. La investigación arrojó que el ingreso de Monges habría sido facilitado mediante una supuesta orden administrativa ilegítima, emitida por un funcionario del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia.
El Ministerio Público Fiscal inició la Averiguación Preliminar N° 66/22 y, el 1 de octubre de 2024, se imputó a Benjamín Andrés Cruz, ex Secretario de Seguridad, por el delito de tráfico de influencias, tras determinar que utilizó indebidamente su cargo para facilitar el ingreso de Monges, quien mantuvo contactos sospechosos con el detenido.
Coordinación con la Justicia Federal
La investigación sobre el homicidio de Darío Monges se encuentra en el ámbito de la Justicia Federal, dado que podrían estar involucradas organizaciones criminales. El 2 de agosto de 2024, la Procuraduría de Narco Criminalidad (Procunar) remitió información adicional relacionada con el caso, lo que ha llevado a profundizar las pesquisas y a coordinar acciones con el Ministerio Público Fiscal de Salta.
La investigación revela serias falencias en el control de la unidad penitenciaria y posibles actos de corrupción en la gestión de funcionarios públicos. Las acciones en curso apuntan a esclarecer todas las responsabilidades penales y administrativas, y se encuentran en coordinación con las autoridades nacionales para evitar interferencias externas que puedan perjudicar el proceso.
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