Investigan una cadena de fallas de seguridad en la muerte de dos operarios en una cámara cloacal
La Fiscalía imputó a cuatro responsables de Aguas del Norte por la muerte de dos trabajadores y las graves lesiones sufridas por un tercero en Rivadavia Banda Sur. La investigación sostiene que descendieron siete metros sin detectores de gases, equipos de respiración ni dispositivos de rescate y que las prácticas inseguras eran conocidas dentro de la organización.
La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó provisionalmente a cuatro responsables de Aguas del Norte por la muerte de dos operarios y las lesiones graves sufridas por un tercer trabajador durante tareas de mantenimiento del sistema cloacal en Rivadavia Banda Sur.
La acusación alcanza a distintos niveles de responsabilidad dentro de la empresa: el jefe Operativo–Supervisor, el coordinador de Higiene y Seguridad, la responsable del Área de Higiene y Seguridad y el gerente Operativo del Interior Provincial. La Fiscalía atribuye a cada uno presuntas omisiones vinculadas con la supervisión, la prevención de riesgos, la capacitación del personal y la provisión de recursos indispensables para realizar tareas de alto riesgo.
El hecho ocurrió el 5 de mayo de 2026, cuando una cuadrilla trabajaba en el sistema cloacal. Tras reemplazar una bomba y comprobar que persistía una obstrucción, tres operarios descendieron a una boca de registro de aproximadamente siete metros de profundidad.
Los tres se descompensaron dentro de la cámara. Dos murieron y el tercero sufrió lesiones de gravedad.
Las autopsias determinaron que las víctimas fallecieron por asfixia tóxica. En uno de los casos, los análisis confirmaron la presencia de sulfuro de hidrógeno, un gas altamente tóxico que puede acumularse en cámaras cloacales y provocar la pérdida del conocimiento y la muerte en pocos segundos.
Uno de los aspectos centrales de la investigación es que, según la hipótesis fiscal, los trabajadores habrían ingresado al espacio confinado sin detectores de gases, equipos de respiración, arneses, líneas de vida ni dispositivos de rescate, elementos esenciales para una tarea de esas características.
La Fiscalía sostiene, además, que los operarios no habrían recibido capacitación específica sobre los riesgos del trabajo en espacios confinados y que esa modalidad de trabajo era conocida dentro de la estructura operativa de la empresa.
Respecto de las responsabilidades, al jefe Operativo–Supervisor se le atribuye no haber ejercido un control efectivo sobre la cuadrilla y haber tolerado prácticas inseguras. Al coordinador y a la responsable de Higiene y Seguridad, no haber implementado ni controlado los protocolos correspondientes ni garantizado la capacitación y los elementos de protección. En tanto, al gerente Operativo del Interior Provincial se le imputa presuntamente no haber asegurado los recursos materiales y de seguridad necesarios.
Los cuatro fueron imputados como presuntos autores de homicidio culposo por omisión e inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo, por las dos muertes, y de lesiones graves por omisión e inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo, por el trabajador que sobrevivió.
Para la fiscal Fuentes, la atribución penal se sustenta en el deber de garante que recaía sobre quienes tenían responsabilidades concretas en materia de seguridad e higiene laboral, prevención de riesgos, organización y supervisión del trabajo.
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