Karlen apeló por cuarta vez para evitar un embargo de $21.805 millones por desmontes ilegales

La Fiscalía Civil, Comercial y Laboral de Tartagal contestó la cuarta apelación presentada por miembros de la familia Karlen en la extensa causa judicial por el desmonte ilegal de más de 11.000 hectáreas y ratificó que la obligación de recomponer el daño ambiental no desaparece por posteriores modificaciones en la legislación provincial.

La nueva presentación fue realizada por la fiscal Rosa Vélez Román ante la Cámara de Apelaciones y responde al recurso interpuesto contra la ampliación de un embargo preventivo que pasó de más de $171 millones a $21.805 millones, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración ambiental.

El proceso tiene su origen en desmontes ilegales registrados en 2013 sobre una extensa propiedad del departamento San Martín. Cuatro años después, el 20 de septiembre de 2017, Juan José Karlen asumió voluntariamente ante la Procuración General de la Provincia el compromiso de ejecutar un plan de recomposición ambiental sobre aproximadamente 16.000 hectáreas de su finca, incluidas las 11.000 hectáreas afectadas por las intervenciones ilegales.

El acuerdo contemplaba además la integración de las comunidades indígenas y las familias criollas asentadas en la zona y fue homologado judicialmente el 3 de diciembre de 2018.

Sin embargo, pese a las sucesivas intimaciones e inspecciones técnicas realizadas con intervención de profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la Dirección General de Bosques y el INTA, la Fiscalía sostiene que no se verificaron avances suficientes en la recomposición comprometida.

El argumento de la nueva ley de bosques

En su cuarta apelación, los demandados no solo cuestionaron la ampliación del embargo, sino que también solicitaron dejar sin efecto todo el proceso judicial, pese a haber asumido voluntariamente el compromiso posteriormente homologado por la Justicia.

El argumento central es que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta permitiría actualmente realizar desmontes en las áreas afectadas.

La fiscal Vélez Román rechazó esa interpretación y sostuvo que las modificaciones normativas posteriores no extinguen la obligación de reparar un daño ambiental producido con anterioridad. También remarcó que la nueva legislación provincial contempla específicamente los desmontes ilegales dentro de una categoría de protección y que resulta aplicable el principio de no regresión ambiental, reconocido por la normativa nacional y los tratados internacionales ratificados por Argentina.

Una causa con más de una década de historia

El conflicto se remonta a 2013 y acumula años de presentaciones, apelaciones y planteos judiciales. A lo largo del proceso, la parte demandada promovió diferentes defensas, entre ellas excepciones de falta de legitimación pasiva, litispendencia, prescripción, impugnaciones contra peritos, pedidos de nulidad y un planteo de caducidad de instancia.

Según los antecedentes de la causa, esos planteos fueron rechazados por la Justicia.

Ante la persistencia del incumplimiento del acuerdo de recomposición, la Fiscalía solicitó la aplicación de sanciones económicas progresivas —astreintes—, medida admitida judicialmente en 2020.

En 2024, el Juzgado avanzó con la ejecución de una deuda de $67.920.000, correspondiente a diciembre de 2023 y derivada del incumplimiento de esas sanciones. La decisión también fue apelada, pero la Cámara Civil rechazó el recurso en diciembre de 2025.

Durante 2026, el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, junto con la fiscal Vélez Román, solicitaron ampliar el embargo preventivo hasta los $21.805 millones, ante la necesidad de garantizar fondos suficientes para afrontar una eventual restauración ambiental por ejecución forzada.

Ahora será la Cámara de Apelaciones la que deberá resolver el nuevo recurso y definir si mantiene la medida destinada a asegurar la recomposición de las más de 11.000 hectáreas afectadas.