En una decisión que genera fuertes controversias, el presidente Javier Milei anunció la designación en comisión de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante un decreto simple. La medida se adoptó ante la falta de avances en el Senado para la aprobación de los pliegos de sus candidatos y mientras el Congreso permanece en receso.
Según el comunicado oficial de la Oficina del Presidente, la decisión busca “normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros”. Así, Milei apeló al mecanismo constitucional que permite al Poder Ejecutivo realizar nombramientos en comisión durante el receso legislativo, con vigencia hasta el final del próximo período legislativo.
El Gobierno también responsabilizó al Senado por la falta de avances en el tratamiento de los pliegos. “La Cámara Alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo”, señala el comunicado, agregando que “en ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores”.
Polémicas en torno a los nombramientos
La designación de Lijo y García-Mansilla generó críticas desde distintos sectores políticos. El bloque de Unión por la Patria, liderado por José Mayans, advirtió que si Milei recurría al decreto, impulsarían la caída de los pliegos en el Senado. Además, dirigentes opositores y juristas cuestionaron la decisión, calificándola de una maniobra para evitar el debate parlamentario.
Por otro lado, la figura de Ariel Lijo ha sido objeto de fuertes objeciones debido a sus vínculos con distintos sectores políticos y su trayectoria en Comodoro Py. A pesar de ello, el Gobierno argumentó que la “politización de la Justicia” es una de las causas principales de la crisis judicial en Argentina y justificó su decisión en la necesidad de fortalecer la Corte.
Consecuencias institucionales
El nombramiento por decreto tendrá una vigencia de nueve meses, hasta el final del próximo período legislativo. Durante ese tiempo, el Gobierno continuará buscando los votos necesarios para que los pliegos sean aprobados en el Senado. En el caso de Lijo, antes de asumir en la Corte, deberá renunciar a su actual cargo como juez federal, aunque ha trascendido que optaría por tomarse licencia en lugar de renunciar.
El contexto político también marca un desafío para la Casa Rosada, que deberá enfrentar una oposición cerrada a la designación de Lijo y la resistencia de algunos sectores aliados. El antecedente de otros nombramientos en la Corte, como los de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Raúl Zaffaroni durante el gobierno de Néstor Kirchner, o los de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz bajo la gestión de Mauricio Macri, es utilizado por el Gobierno para justificar su decisión.
Con la firma del decreto, Milei busca asegurar que, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo, los nuevos jueces se encuentren junto a Rosatti, Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en la composición del máximo tribunal del país. Sin embargo, la estrategia también podría desatar una nueva batalla política y judicial en los próximos meses.
Comments