En la sesión de este martes, la diputada Mónica Juárez puso en palabras lo que muchas veces queda flotando entre los pasillos del poder: no todo vale desde una banca legislativa, y menos cuando se utiliza como plataforma personal para ajustar cuentas. Su intervención, directa y con el filo de lo urgente, fue más que una respuesta política: fue una advertencia institucional.
Por Marcela Pérez
“Acá estos machitos de banca me tienen harta. Si saben que alguien robó, vayan a la justicia”, dijo Juárez, apuntando sin rodeos al diputado Juan Esteban Romero, quien minutos antes había desplegado un discurso plagado de agravios, sospechas y menciones personales, algunas sin sustento, otras cargadas de viejas rencillas.
Romero intentó defender un proyecto de ley —la implementación obligatoria de análisis toxicológicos para funcionarios públicos— bajo el argumento de “ejemplaridad en la lucha contra el narcotráfico”. Pero el problema no fue el proyecto en sí, sino la manera en que lo usó como escudo para atacar a otros legisladores, sin lograr sostener un enfoque verdaderamente institucional.
Porque, seamos claros: una rinoscopia no previene un hecho de corrupción. Tampoco es una garantía de integridad. Argentina no sufre su degradación institucional por culpa del consumo de sustancias, sino por estructuras enquistadas de impunidad, falta de controles, pactos de poder y redes de negocios públicos-privados. Y de eso, Juan Esteban, conoce mucho.
En este punto, es inevitable recordar lo que la justicia argentina empieza tarde pero seguro a confirmar, como la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, símbolo de un sistema donde el dinero público termina en bolsillos privados.
En ese contexto, proyectos como el de Juan Esteban Romero suenan más a una puesta en escena que a una solución real. Especialmente cuando quien los impulsa carga con una historia familiar y política que no resiste el olvido ni la simplificación.
Los casos de La Ciénaga, el hangar de la provincia, Salta Forestal, el despido de los 5000 empleados públicos y otras situaciones ocurridas durante la gestión del exgobernador Juan Carlos Romero, así como las investigaciones judiciales por presunta malversación de fondos destinados a obras públicas durante la intendencia de su hermana, Bettina Romero, no fueron construcciones electorales ni fantasmas inventados en una campaña. Son hechos concretos, algunos judicializados y otros aún pendientes, que forman parte del debate público salteño, anclados en la memoria colectiva de los salteños como heridas abiertas de una época nefasta.
En ese marco, la diputada Juárez no respondió desde la victimización, sino desde el límite institucional. Exigió respeto, pidió que se termine con el hostigamiento, y defendió la idea básica de que el recinto está para legislar, no para ventilar enemistades ni proyectar obsesiones personales.
No se trata de simpatías ni de antipatías. Se trata de entender que los legisladores tienen la obligación ética y política de poner la agenda pública por encima de sus diferencias privadas. Y cuando no lo hacen, como en el caso del diputado Romero, deben ser señalados.
En esta contienda plantada por Romero, sin dudas la diputada Juarez sacó puntos a favor, no solo por su planteo, sino porque en tiempos de gritos, mantener la compostura es un acto político en sí mismo.
Y para cerrar, como irónicamente recordó la diputada Juárez, si al diputado Romero le preocupa tanto quiénes son sus amistades, queda la duda de por qué él mismo le enviaba más chocolates que sus propios amigos.
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