Este miércoles se puso en marcha en Salta el juicio contra Nelson Leonardo Cositorto y otros cuatro imputados en la causa Generación Zoe, acusados de integrar una organización que habría estafado a más de un centenar de personas mediante un esquema de inversión fraudulento.
Sin embargo, la apertura del proceso no estuvo exenta de obstáculos. El inicio del debate fue marcado por un nuevo cambio de defensa de Cositorto, la reasignación de una defensora pública y la presentación de un pedido de nulidad por presuntas irregularidades procesales. El tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 9:30 para resolver la cuestión.
La audiencia comenzó con la lectura de la requisitoria fiscal, pero pronto quedó interrumpida por la renuncia del abogado particular de Cositorto, Franco Tolaba, quien había asumido la defensa apenas una semana atrás. Ante la falta de un nuevo representante legal, el Tribunal dispuso que el acusado sea asistido nuevamente por la defensora oficial Cecilia Martínez, quien ya había intervenido en etapas previas del expediente.
La defensora solicitó la nulidad de la audiencia por considerar que se vulneró el derecho a una defensa adecuada. Sostuvo que la sucesión de defensas, los recursos sin resolver y la falta de una estrategia jurídica consistente habían colocado a su defendido en una situación de indefensión. También objetó que el juicio se haya iniciado sin esperar la formal designación de un nuevo letrado tras la renuncia del defensor privado.
La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, rechazó el planteo y afirmó que no se configuraron irregularidades legales. Cuestionó además la conducta de la defensa, a la que acusó de entorpecer el desarrollo del juicio con “maniobras dilatorias” destinadas a evitar que el debate se lleve a cabo. Afirmó que los plazos procesales fueron respetados, que la defensa tuvo acceso al expediente y que no se privó a Cositorto de ejercer sus derechos.
La querella y las defensas de los otros imputados —Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz— adoptaron posturas divididas: mientras algunos adhirieron al planteo de la defensora oficial, otros se limitaron a manifestar su preocupación por la demora en el inicio del debate.
El tribunal, compuesto por los jueces Martín Pérez, Javier Aranibar y Leonardo Feans, deberá resolver este jueves si el juicio continúa o si acepta el planteo de nulidad y reprograma el proceso.
La causa se originó en 2022 tras numerosas denuncias de damnificados en Salta, que habrían sido atraídos con la promesa de ganancias exorbitantes —hasta un 10% mensual— por inversiones realizadas a través de Generación Zoe. La fiscalía sostiene que el modelo replicaba un clásico esquema piramidal, en el que las ganancias no provenían de inversiones reales sino del dinero aportado por nuevos ingresantes.
El proceso judicial en curso será clave para determinar la responsabilidad penal de los acusados y establecer el alcance del perjuicio económico ocasionado, que según la acusación involucra al menos 118 hechos de estafa en concurso con asociación ilícita.
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