Las imágenes de la Plaza España rodeada por miles de personas esperando desde la madrugada para comprar carne a precios más accesibles dejaron varias lecturas posibles.
La primera y más evidente es económica: si más de diez mil salteños están dispuestos a hacer fila durante horas para conseguir un kilo de carne a menor precio, el problema no es la feria. El problema es que una porción importante de la población ya no puede acceder a un consumo que hasta hace pocos años era habitual.
La segunda lectura es política. La reacción de la Cámara de Comercio frente a la iniciativa municipal vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente: ¿hasta dónde llegan las reglas del libre mercado y dónde comienzan los intereses sectoriales?
El reclamo empresarial es conocido y, en buena medida, atendible. Menos presión tributaria, menos tasas municipales, menos costos laborales, más financiamiento y reglas previsibles. Son planteos legítimos en un contexto recesivo. Pero resulta difícil comprender que quienes sostienen que el mercado debe actuar sin interferencias cuestionen una experiencia donde productores, frigoríficos y comerciantes decidieron vender de manera directa al consumidor.
Porque quienes participaron de la feria no eran vendedores ambulantes ni actores ajenos a la actividad económica. Vendían carne. Eran comerciantes. Eran empresarios del sector. También pagan impuestos, generan empleo y forman parte de una cadena productiva.
Entonces, ¿qué es exactamente lo que molesta?
¿La participación del municipio en la organización? ¿La competencia? ¿O el hecho de que durante un día quedaron expuestas diferencias de precios que miles de consumidores consideraron significativas?
La Cámara de Comercio parece reclamar un mercado completamente libre cuando se trata de reducir impuestos o flexibilizar regulaciones, pero bastante regulado cuando aparecen mecanismos alternativos de comercialización que afectan a determinados actores.
Y allí surge una contradicción evidente.
Si el consumidor es soberano, como sostienen las teorías liberales que muchos empresarios reivindican, ¿por qué cuestionar una experiencia que permitió a miles de personas ejercer precisamente esa libertad de elección?
Por supuesto, no corresponde que el Estado se convierta en operador permanente de mercados ni que sustituya la actividad privada. Pero tampoco puede ignorarse una realidad contundente: la feria no generó la crisis del sector comercial ni produjo la caída del consumo. Apenas puso en evidencia algo que los comerciantes conocen desde hace tiempo: los salarios corren muy por detrás de los precios.
Las largas filas no son un triunfo de la gestión municipal ni una derrota de las carnicerías tradicionales. Son, sobre todo, una señal de alarma sobre el deterioro del poder adquisitivo.
Tal vez la discusión debería centrarse menos en cuestionar una feria ocasional y más en analizar por qué miles de personas consideran hoy un acontecimiento extraordinario poder comprar carne para una semana.
Porque en definitiva, el verdadero problema no es que existan ofertas. El verdadero problema es que se hayan vuelto imprescindibles.
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