En un contexto económico complejo y tras años de alta inflación, los últimos indicadores oficiales revelan una desaceleración en la suba de precios. Para analizar el escenario actual y sus implicancias, entrevistamos a J. Valeriano Colque, analista económico y observador crítico de las políticas públicas. A continuación, su visión sobre la coyuntura inflacionaria, las medidas oficiales y los desafíos estructurales del país.
—En abril, la inflación se desaceleró al 2,8 %, frente al 3,7 % de marzo. ¿Cuál es su lectura de este dato?
Es un dato relevante. El aumento acumulado en el primer cuatrimestre fue del 11,6 %, el más bajo desde 2020 para este mismo período. A su vez, la inflación interanual se ubicó en 47,3 %, el menor nivel en los últimos cuatro años. Son cifras que, sin dudas, el Gobierno nacional considera un logro, y en cierto modo lo son.
—¿A qué atribuye esta desaceleración?
Principalmente a tres factores: la eliminación del déficit fiscal, la contención de la base monetaria (evitando la emisión) y la liberalización del tipo de cambio. Aunque estos factores generan tensiones y efectos colaterales, son parte de un enfoque fiscal y monetario mucho más disciplinado.
—¿Cómo reaccionó el mercado a la eliminación del cepo cambiario?
En los primeros días, hubo una estampida en algunos precios, pero luego se corrigieron. La caída en la demanda, ante ingresos que apenas siguen el ritmo inflacionario, contuvo algunos aumentos. Las consultoras detectaron cierta estabilidad en las últimas semanas, sobre todo en alimentos y bebidas, donde los sectores más vulnerables destinan buena parte de su ingreso.
—¿Y cómo impactan estas políticas en los distintos sectores sociales?
No todos reaccionan igual. Los sectores de ingresos altos han incrementado sus compras de automóviles, electrodomésticos y viajes. Pero en el otro extremo, muchas familias apenas logran sostener el consumo básico. El impacto es heterogéneo y esa disparidad debe considerarse al evaluar el éxito de una política.
—Hay preocupación en sectores productivos por la competencia de productos importados. ¿Qué está ocurriendo ahí?
La combinación de inflación más baja y productos importados más baratos está afectando al entramado productivo nacional. Se están cerrando empresas, algunas se paralizan. Por ejemplo, en Tierra del Fuego se detuvo transitoriamente la producción de telefonía por la rebaja de aranceles. En vestimenta, el incremento de precios fue de 3,8 % en abril, muy por encima del promedio, debido en gran parte a la carga impositiva.
—¿La presión impositiva es uno de los grandes obstáculos?
Sin dudas. Los fabricantes locales sostienen que los costos suben entre un 25 % y un 50 % solo por impuestos. No hay una estrategia clara y coordinada para aliviar esa carga tributaria, lo que deja a la producción nacional en desventaja. Esto puede tener consecuencias serias para el empleo y la inversión.
—¿Qué rol ha jugado el ministro Luis Caputo en este proceso?
Ha intervenido directamente para frenar subas en supermercados y en automotrices. También evitó homologar paritarias que superaran un 1 % mensual. Todo esto se hace con la meta política de llegar a las elecciones legislativas de octubre con una inflación mensual del 1 %. Pero hay que decirlo: esa presión no es una solución estructural, ni garantiza una baja sostenible de la inflación.
—¿Cree que las medidas fiscales y de mercado están alineadas con los objetivos de largo plazo?
El Gobierno tiene un rumbo claro: disciplina fiscal y liberalización. Una mayoría del electorado votó precisamente por ese cambio. Pero hay incoherencias. Por ejemplo, se exige a las provincias que reduzcan su presión impositiva, mientras el Estado nacional mantiene retenciones y tributos regresivos que afectan a los sectores más dinámicos, como la agroindustria.
—¿Qué opina sobre la medida de reducción de aranceles para celulares y otros productos electrónicos?
Es una medida de impacto. El arancel a celulares importados bajará del 16 % al 8 %, y luego al 0 % en 2026. Además, se reducen los impuestos internos del 19,5 % al 9,5 % para importados y al 0 % para productos fabricados en Tierra del Fuego. El objetivo es claro: bajar los precios de tecnología, fomentar competencia y equiparar valores con países vecinos. Pero esto también tensiona al aparato productivo local, especialmente en regiones como la Patagonia.
—¿Qué condiciones se necesitan para que el nuevo rumbo económico sea sostenible?
El cambio de rumbo debe estar acompañado por herramientas que amortigüen los efectos negativos de la apertura. Se necesita infraestructura pública, menor carga impositiva, reglas claras y estables. También una distribución más equitativa de los subsidios. Hoy, el Área Metropolitana de Buenos Aires sigue siendo privilegiada frente al resto del país.
—¿Cuál es su conclusión sobre el momento económico actual?
La desaceleración de la inflación es, efectivamente, un logro plausible. Pero no se puede descansar sobre eso. Hay inconsistencias y efectos colaterales graves. Si se busca una economía más libre y competitiva, se debe evitar que los costos de esa transición recaigan de manera desproporcionada sobre las provincias, los sectores productivos o los más vulnerables. Hay un debate saludable en marcha. Lo importante es que se traduzca en políticas coherentes y sostenibles.
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