Cinco meses después de iniciada la intervención al Mercado San Miguel, el diagnóstico que presenta el interventor Emilio Gutiérrez es claro: documentación inexistente, manejo informal de fondos, estructura eléctrica colapsada y ausencia de controles mínimos. Sin embargo, lo que sorprende es que, pese a la gravedad de lo expuesto, no se han presentado denuncias administrativas ni penales contra la gestión anterior ni contra la Fundación San Miguel.
Durante su presentación ante la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante, Gutiérrez sostuvo que al momento de tomar posesión “el mercado no tenía documentación respaldatoria” y que el sistema eléctrico apenas funcionaba con luces de emergencia. También remarcó que fue necesaria una inversión municipal para garantizar condiciones mínimas de seguridad.
“No se recibió un registro alguno por parte de la gestión anterior”, declaró, y señaló que la Fundación sólo entregó parte de la información tras el envío de una carta documento y varias gestiones, recién en febrero.
El relato apunta a un estado de abandono institucional y opacidad contable, sin embargo, no se conoce hasta el momento ninguna actuación legal ni sanción administrativa dirigida a quienes fueron responsables de esa situación. Esta omisión genera preguntas incómodas:
¿Por qué no se ha iniciado un proceso de responsabilidad sobre los hechos denunciados? ¿Quiénes se benefician con el silencio institucional?
La intervención ha avanzado en medidas concretas de orden interno —sistema de pagos bancarizados, control de ingresos, censo de puesteros—, pero la transparencia no se ejerce solo hacia adelante: también exige rendición de cuentas sobre el pasado. Es inadmisible que frente a la afirmación de que no existía documentación, y que los recursos eran manejados sin control, el Estado municipal no actúe con la misma energía que usó para reorganizar la gestión diaria del mercado.
A esto se suma el pedido de desvinculación total de la Fundación San Miguel, que desde la intervención se plantea como un paso urgente. Pero ese reclamo se enfrenta a una contradicción: si se reconoce públicamente que la Fundación incumplió con sus funciones y dejó en ruinas la administración, ¿por qué no se avanzó formalmente en su remoción ni se presentaron denuncias por presuntas irregularidades?
Es cierto que la reconstrucción de lo público no se logra de un día para otro. Pero también es cierto que la falta de acciones legales frente a hechos tan graves como los que se describieron debilita el discurso de transparencia y da lugar a la sospecha de impunidad.
El Mercado San Miguel es más que un espacio comercial: es un símbolo de convivencia económica, esfuerzo barrial y patrimonio municipal. La intervención es una oportunidad para ordenarlo y devolverle dignidad institucional. Pero sin respuestas claras sobre el pasado, la reconstrucción queda incompleta. Y la confianza, a medias.
Comments