El aumento del 98% en la tarifa de luz solicitado por Edesa genera un cuestionamiento profundo sobre la gestión de la empresa y la calidad de sus servicios. En medio de la audiencia pública, es necesario señalar que este pedido de incremento no viene acompañado de un compromiso claro de inversión y mejora en el servicio.
Usuarios en diversas regiones, especialmente en el interior y norte de la provincia, han expresado su frustración ante la constante deficiencia en el suministro eléctrico. Apagones que se desatan con la menor lluvia y una calidad de servicio extremadamente pobre han sido la constante. La pregunta obvia es: ¿por qué se debería permitir un aumento sustancial en la tarifa si la calidad del servicio no mejora?
Edesa, fue el primer expositor en la audiencia pública convocada para hoy, y aclaró que la solicitud del aumento de la tarifa tiene su razón en la multiplicidad de factores que se encuentran atravesados por la inflación galopante en Argentina
Además de la solicitud de incremento, es fundamental abordar la falta de inversión y la aparente negligencia de Edesa para abordar las necesidades de los usuarios. ¿Cómo puede justificarse un aumento del 98% cuando la empresa no ha demostrado un compromiso serio con la mejora de la infraestructura y la fiabilidad del servicio?
Las quejas sobre apagones frecuentes en momentos climáticos leves y el pobre rendimiento en el interior de la provincia deben ser parte central de la conversación en esta audiencia. ¿Está la empresa comprometida en resolver estos problemas fundamentales o está buscando simplemente aumentar sus márgenes de ganancia a expensas de los consumidores?
La empresa solicitó un incremento tarifario del 98%, lo cual impactaría de la siguiente manera teniendo en cuenta el consumo promedio:
· Usuario residencial provincial en el orden de 250 kilovatios,usuario N1 de altos ingresos pasaría de $17.988 a más de $29.000 pesos.
· Usuario N2 de bajos ingresos pasará de $6.666 a $11.769
· Tarifa Social N2 incrementará de $5.276 a $8.598
· N2 intermedio pasará de $7.466 a $13.228
Este aumento propuesto debería ser un llamado de atención no solo para la empresa, sino también para los organismos reguladores y las autoridades pertinentes. ¿Se están considerando realmente las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos en medio de este proceso, o simplemente se está dando luz verde a un aumento que no se traduce en mejoras tangibles para los usuarios?
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