El Gobierno argentino ha decidido llevar a cabo una subasta pública de 459 propiedades estatales, distribuidas en 18 provincias, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). La medida busca reducir el gasto público y optimizar la gestión de bienes estatales, en línea con las políticas del actual gobierno.
La AABE ha habilitado 309 inmuebles para subasta y ha ratificado otros 150 que habían sido puestos en venta durante la administración de Mauricio Macri. Este amplio listado incluye una variedad de propiedades, desde terrenos en desuso hasta edificios ocupados, abarcando espacios en ciudades clave como Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba, y más.
Entre los inmuebles a subastar en Salta, se encuentran:
Dr. Mariano Boedo S/Nº Entre Cornejo Saravia y Camino a Tucumán, (UF6), Superficie 69,49 m².
Dr. Mariano Boedo S/Nº Entre Cornejo Saravia y Camino a Tucumán (UF7), Salta Superficie 71,33 m²
Dean Funes Nº 106/42 esquina España Nº 340/400, Salta Capital, Salta. Superficie 3.311,93 m²
Cuadro de Estación Mollinedo linea: Belgrano, Ramal: C.18, Coronel Mollinedo, Salta Superficie 93.893,53 m²
Otros terrenos en ofertas futuras:
- Terrenos en Santa Fe: La mayoría de las propiedades (223) se ubican en esta provincia, destacándose 201 terrenos fiscales en el Barrio Guadalupe de la capital provincial.
- Antiguos edificios gubernamentales: Incluyendo el ex Ministerio de las Mujeres, cuyo valor se estima en USD 12,5 millones y se encuentra en estado de abandono.
- Predios frente al río Paraná: Propiedades atractivas para desarrollos comerciales e industriales, especialmente en la zona de Puerto Norte y costanera de Rosario.
- Extensiones rurales: Inmuebles ideales para proyectos productivos y turísticos, incluyendo una posible instalación de un centro de esquí.
El objetivo del gobierno es recaudar aproximadamente USD 800 millones solo con estos 309 inmuebles. La gestión se basa en el decreto 950/2024, que argumenta que mantener inmuebles innecesarios genera costos que deben evitarse.
Protestas y Reacciones
Sin embargo, la decisión ha generado controversia. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha realizado manifestaciones en defensa de los empleados que trabajan en edificios que están en riesgo de ser vendidos, como el del INTA en Av. Cerviño. La AABE ha justificado la relocalización de organismos estatales con el argumento de optimizar recursos y reducir costos.
Un Futuro Incierto
El proceso de subasta se espera que se lleve a cabo antes de fin de año, pero muchos de los inmuebles, aunque considerados “ociosos”, están ocupados por funcionarios o comunidades, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de estas propiedades y las personas que actualmente las habitan.
Con esta medida, el Gobierno busca redefinir el uso de los bienes estatales, impulsando una política de desinversión que podría cambiar el paisaje urbano y social de varias regiones del país. A medida que avanza este proceso, será crucial monitorear las implicaciones que tendrá para las comunidades locales y el manejo del patrimonio estatal.
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