La reciente reunión entre el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, en el marco de la llamada Operación Roca, marca un nuevo punto de inflexión en la política de seguridad y control territorial en el norte argentino. Con la participación de jueces, fiscales y altos mandos de las Fuerzas Armadas, el mensaje fue claro: el Estado nacional, provincial y municipal se alinea para reforzar su presencia en una de las regiones más vulnerables del país. Pero también se encienden alertas que merecen una lectura más crítica y profunda.
La movilización de 10.000 efectivos militares, con un despliegue permanente de 1.500 en las zonas de intervención fronteriza, representa una operación sin precedentes en Democracia. Aunque se anunció que las Fuerzas Armadas actuarán en áreas inhóspitas y alejadas de centros urbanos —mientras que la Gendarmería y la Policía provincial lo harán en los centros poblados—, es evidente que esta acción configura una expansión del rol militar en tareas tradicionalmente reservadas a las fuerzas de seguridad interior.
Este nuevo esquema se ampara en el Plan Güemes, que ya opera en los departamentos Orán y San Martín, y que ahora se profundiza mediante el uso de tecnología de avanzada: drones, radares móviles, helicópteros, aviones de reconocimiento y sistemas de comunicación de alta complejidad. La magnitud del despliegue sugiere que no se trata solo de una acción de vigilancia estratégica, sino de una intervención estructural en la frontera norte, donde el Estado busca recuperar control y legitimidad.
Desde el punto de vista institucional, lo más llamativo —y preocupante— es la insistencia en que los “tres estamentos del Estado” deben actuar “alineados”, y que los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) deben estar “coordinados”. Este lenguaje, que enfatiza la subordinación política y funcional de los poderes del Estado, roza la concepción autoritaria de un Estado homogéneo y verticalista, donde la división de poderes se vuelve decorativa.
El énfasis en la “unidad de criterio” entre jueces, fiscales y funcionarios del Ejecutivo plantea interrogantes de fondo sobre la independencia judicial, especialmente en contextos donde la operación militar podría derivar en conflictos sociales, desplazamientos forzados o situaciones de abuso de poder. ¿Qué ocurre cuando la “coordinación institucional” significa, en los hechos, la eliminación de los contrapesos democráticos?
La historia argentina enseña que la militarización del territorio —incluso con fines de seguridad— ha tenido costos sociales y políticos muy altos. El nombre “Operación Roca”, en sí mismo, evoca resonancias históricas difíciles de ignorar: una referencia no menor a Julio Argentino Roca y a la lógica de ocupación y control del “interior salvaje” que marcó a fuego la conformación del Estado nacional. No es solo una elección simbólica: también es una señal sobre la forma en que se concibe, una vez más, al norte argentino como una zona de excepción, donde las garantías pueden suspenderse en nombre de un orden superior.
Desde luego, la presencia del Estado en la frontera es necesaria, especialmente frente a redes de narcotráfico, trata de personas y contrabando. Pero la respuesta no puede ser únicamente militar. El norte argentino necesita inversión social, desarrollo productivo, fortalecimiento institucional y justicia efectiva, no solo vigilancia aérea. La seguridad, si no se articula con políticas de inclusión, termina siendo un parche autoritario.
Por eso, es necesario observar la Operación Roca con espíritu crítico. Celebrar la “unidad de los tres poderes” puede sonar a eficiencia en el discurso oficial, pero en Democracia, esa unidad no debe suprimir los disensos ni la autonomía de las instituciones. De lo contrario, estaremos frente a un operativo que no solo actúa sobre la frontera, sino también sobre los límites mismos del Estado de derecho.
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