El reciente anuncio del gobierno de Salta sobre la reactivación de la construcción y entrega de viviendas a través del plan “Casa propia con ahorro previo” parece ser una iniciativa esperada por muchos. Sin embargo, este programa, lejos de ser una solución integral, solo beneficia a un sector reducido de la población, dejando a la mayoría de los salteños sin posibilidades reales de acceder a una vivienda digna.
El requisito de comprobar ingresos económicos no menores a seis salarios mínimos excluye automáticamente a un amplio segmento de la población, especialmente a aquellos que más necesitan una solución habitacional. En una provincia donde los índices de pobreza e informalidad laboral son elevados, exigir tales ingresos parece ser una barrera insalvable para la mayoría de las familias salteñas. Esta condición deja en claro que el programa está diseñado para beneficiar a los sectores con mayor capacidad adquisitiva, mientras que aquellos que viven con ingresos menores quedan relegados.
Además, el sistema de ahorro previo expresado en Unidades de Viviendas (UVIs) es otro obstáculo considerable y que se pone en el otro extremo del fin principal del Instituto Provincial de la Vivienda. Las UVIs se ajustan al valor del Banco Central, lo que implica una inestabilidad en el costo final para las familias. En un contexto de inestabilidad económica y salarios que no acompañan, financiar el pago del ahorro previo y las cuotas resulta una carga financiera pesada e incierta para muchos.
El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, destacó que Salta es una provincia “ordenada” y que esto permite encarar medidas como esta. Sin embargo, la creación de un fondo anticíclico, aunque loable, no parece estar orientada a resolver las necesidades habitacionales de los sectores más vulnerables. La planificación y orden económico deberían priorizar a aquellos que viven en condiciones precarias, pero este plan parece más una estrategia para mantener el status quo, asegurando viviendas solo para aquellos que ya tienen una cierta estabilidad financiera.
La presidenta del IPV, Laura Caballero, mencionó que las operatorias disponibles serán accesibles a profesionales matriculados y familias inscriptas por demanda libre. Sin embargo, esta “demanda libre” está claramente condicionada a tener ingresos elevados, lo que dista mucho de ser una política inclusiva. Las familias que viven en la informalidad o con trabajos mal remunerados, que son la mayoría en Salta, simplemente no tienen cabida en este esquema.
En resumen, mientras los funcionarios celebran la reactivación de la construcción de viviendas, es crucial señalar que este programa está lejos de ser una solución inclusiva y equitativa.
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