El Tribunal Oral Federal 4 fijó para el próximo 24 de febrero a las 9:30 y por videoconferencia, la lectura del veredicto del juicio por la denominada “Ruta del dinero K”, que tiene en la mira al empresario Lázaro Báez y sus hijos, entre muchos otros.
El veredicto estaba establecido para el miércoles de la semana próxima, pero debido a la “complejidad de la causa”, según sostuvieron los magistrados, la fecha finalmente se fijó para el 24.
Antes de ese día, los jueces del tribunal escucharán la palabra de los dos últimos imputados en este proceso que llega a su final. Para este miércoles, se fijó la audiencia para que brinde sus últimas palabras un grupo de imputados, y luego será el veredicto sobre finales del mes, tras más de dos años de duración del juicio.
Los magistrados Adriana Palliotti, Guillermo Costabel y María López Iñíguez, además, fundaron la extensión del veredicto en que buscan tener un “conocimiento acabado” de la causa, cuyo juicio comenzó en octubre de 2018.
El año pasado ya hubo alegatos con pedidos de pena, siendo la más alta la que reclamó el fiscal Abel Córdoba, que pidió 12 años de prisión para Lázaro Báez, este último quien está desde el año pasado con prisión domiciliaria. El fiscal lo acusó de lavar unos 60 millones de dólares entre 2010 y 2013, en tanto que la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) hicieron una solicitud que no supera los 9 años.
Córdoba también pidió para Martín Báez, quien se encuentra detenido en el Penal de Ezeiza, la condena de nueve años, mientras que para Leandro Báez solicitó cinco años de prisión, y para Luciana y Melina Báez de cuatro años y medio de condena. En tanto, sobre el “arrepentido” Leonardo Farina, el fiscal pidió una condena de cinco años de prisión.
La Rosadita
Según la investigación, Báez sacó el dinero del país desde La Rosadita, la financiera SGI montada en un piso de Puerto Madero, con ayuda de Fariña, los fondos circularon por cuentas de empresas constituidas en el extranjero, algunas de ellas se comprobó que los beneficiarios finales eran los hijos de Báez; el dinero se cambió a bonos que se vendieron y reingresó a la cuenta de Austral Construcciones en la sucursal del Banco Nación de Plaza de Mayo.
Los fiscales sostuvieron en sus alegatos que los imputados implementaron una compleja operatoria ramificada en diversos países para impedir que se rastreen los fondos ilícitos, impedir su trazabilidad y luego integrarlo al patrimonio de Austral Construcciones sin activar las alertas de lavados. “La intención era darles apariencia de legitimidad”, dijeron.
“En este caso se encuentran todos los indicadores. Se anuncia el volumen de grandes sumas de dinero en efectivo, la triangulación de operaciones a través de financieras para la compensación, la utilización de cuentas bancarias extraterritoriales de sociedad constituidas en el extranjero, la intermediación de profesionales de la ingeniería del lavado que han gestionado de forma activa el movimiento internacional de los fondos. La detección de propiedades no transparentes de estructuras jurídicas”, enumeró el fiscal Córdoba.
El fiscal explicó el proceso de aperturas de cuentas en paraísos fiscales, exponiendo la documentación bancaria y el movimiento de fondos hacia Suiza y luego hacia Panamá. Se constituyeron cuentas vinculadas a los imputados Fabián Rossi, Eduardo Castro y Cesar Fernández que tenían como beneficiarios en paraísos fiscales a los hijos de Lázaro Báez.
Los otros acusados son Federico Elaskar, el ex contador del empresario Daniel Pérez Gadín, su ex abogado Jorge Chueco y el empresario Fabián Rossi, entre otros exejecutivos de Austral, contadores y abogados.
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