El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, firmaron un convenio que destinará más de $2.716 millones para garantizar la seguridad alimentaria de familias pertenecientes a pueblos originarios en 22 localidades de la provincia.
La iniciativa representa una de las inversiones más significativas en materia social, buscando asistir a comunidades en situación de extrema vulnerabilidad mediante la entrega de módulos alimentarios y el desarrollo de acciones de capacitación. “Este es un paso importante para atender necesidades urgentes de nuestros pueblos originarios y garantizarles condiciones dignas de vida”, expresó Gustavo Sáenz durante la firma del acuerdo.
Alcance del programa
Los fondos se destinarán a municipios estratégicos como Santa Victoria Este, Rivadavia Banda Norte y Sur, Tartagal, General Mosconi, San Ramón de la Nueva Orán, Pichanal, Molinos, entre otros. La distribución de los módulos alimentarios estará acompañada de programas de formación que buscan fortalecer la autosuficiencia de las familias beneficiadas.
“Es fundamental que estas acciones no solo se queden en la asistencia, sino que también permitan a las comunidades desarrollarse y crecer”, sostuvo Sandra Pettovello.
Subsidio transparente y rendición de cuentas
El convenio establece que el aporte financiero, otorgado en un único desembolso, es un subsidio no reintegrable sujeto a estrictos mecanismos de rendición de cuentas. Este aspecto fue destacado por el ministro de Desarrollo Social de Salta, Mario Mimessi, quien aseguró que se implementarán controles rigurosos para garantizar el uso correcto de los recursos.
La medida refleja un compromiso claro con la inclusión social en las comunidades más postergadas de la provincia. Desde el Gobierno, se reafirmó la necesidad de coordinar esfuerzos con los municipios para asegurar una implementación eficiente y efectiva del programa.
Con esta inversión histórica, el Gobierno de Salta avanza en la construcción de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades originarias, marcando un precedente en la lucha contra la desigualdad en la región.
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