Una investigación judicial de alto impacto dejó al descubierto una maniobra sistemática de falsificación de certificados docentes que operaba en distintos puntos de la provincia y tenía ramificaciones fuera de Salta. La causa derivó en cuatro allanamientos simultáneos, el secuestro de documentación clave y la detención de dos mujeres, acusadas de integrar una organización dedicada a la emisión y comercialización de diplomaturas y postítulos apócrifos utilizados para obtener ventajas en concursos y designaciones dentro del sistema educativo.
El expediente es dirigido por la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, con intervención operativa de la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales(CIF).
Una denuncia que encendió la alarma
La causa se originó el 17 de diciembre de 2025, tras una denuncia formal del Ministerio de Educación, a partir de una auditoría interna que detectó irregularidades masivas en la documentación presentada por docentes para la valoración de antecedentes.
Según se informó en sede judicial, de 292 unidades educativas auditadas, se identificaron:
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291 inscripciones con certificados presuntamente apócrifos
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286 registros adulterados
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237 docentes involucrados
El dato que encendió la señal de máxima gravedad fue que, con esa documentación inexistente o falseada, se habían asignado cargos y puntajes oficiales, afectando concursos, listados de mérito y la transparencia del sistema. El perjuicio se amplificó porque las Juntas Calificadoras de Nivel Inicial, Primario y Secundario compartían la misma base de datos, lo que multiplicó el alcance de la maniobra.
Allanamientos y detenciones
Por orden de la fiscal Salinas Odorisio, se realizaron allanamientos en cuatro domicilios ubicados en Coronel Mollinedo, El Tala, El Galpón y Embarcación. Como resultado del operativo, se procedió a la detención de dos mujeres y al secuestro de documentación física y digital considerada clave para la investigación.
Las medidas se apoyaron en un extenso trabajo previo de entrecruzamiento de datos, análisis informático y pericias bancarias, que permitió reconstruir el funcionamiento interno de la organización.
Cómo operaba la red
La investigación determinó que los docentes eran captados a través de Facebook, mediante perfiles identificados como “Cursos Educar” o bajo el alias “Ana Guzmán”. Desde allí se ofrecían diplomaturas y postítulos con puntaje docente garantizado, supuestamente avalados por instituciones reales como CEDSA o el Instituto Dr. Emilio Castro.
El mecanismo era directo: tras abonar montos que oscilaban entre $95.000 y $360.000, los interesados recibían certificados en formato PDF, con firmas y sellos escaneados, listos para ser presentados ante los organismos de valoración.
El análisis técnico de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos fue concluyente:
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La mayoría de los números de registro no existían en las bases oficiales
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Se detectaron duplicaciones exactas, registros múltiples asociados a una misma persona y numeraciones inexistentes
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Solo cinco certificados coincidieron con registros válidos
Roles claramente definidos
El análisis de conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos y registros digitales permitió identificar tres figuras centrales dentro de la organización:
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Una docente y preceptora, con domicilio en Coronel Mollinedo, que actuaba como captadora y nexo territorial en el sur provincial. Operaba bajo el contacto “Prof. Vende Diplomaturas”, ofrecía títulos sin cursado ni evaluaciones y recibía los pagos en cuentas a su nombre.
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Una mujer domiciliada en Embarcación, que cumplía funciones de soporte y validación técnica en el norte provincial. Utilizaba el alias “Ana Guzmán” y un número telefónico con prefijo 11, reforzando la apariencia de legitimidad del circuito.
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Un hombre radicado en San Carlos de Bariloche, señalado como administrador digital y principal receptor de los fondos, a quien se derivaban de manera casi inmediata las transferencias realizadas por los docentes.
Las pericias bancarias revelaron un flujo constante de dinero entre los integrantes, con movimientos coordinados y sin justificación comercial real.
Beneficios concretos y admisiones clave
Hasta el momento, la investigación judicial determinó que 53 docentes lograron mejorar su orden de mérito y que 9 accedieron a horas cátedra tras presentar certificados falsificados. En varios de los chats incorporados a la causa, los propios involucrados admitieron que no cursaban ni rendían evaluaciones, sino que compraban directamente el puntaje, con pleno conocimiento de la irregularidad.
La causa sigue abierta
Desde UDEC confirmaron que la investigación continúa en curso respecto de los restantes certificados denunciados y que no se descartan nuevas imputaciones. El expediente pone bajo la lupa no solo a quienes falsificaron y vendieron la documentación, sino también al impacto estructural que estas prácticas tuvieron sobre el sistema educativo, la igualdad de oportunidades y la asignación de cargos públicos.
El caso expone una trama que va más allá de hechos aislados: revela una industria clandestina del puntaje docente, sostenida en la falsificación, el uso de redes sociales y la circulación de dinero, con consecuencias directas sobre la calidad institucional.
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