Avanzan en un protocolo para frenar la tala ilegal en los exlotes 55 y 14

Más allá de las demarcaciones territoriales y las obras de infraestructura, la protección del monte nativo comenzó a ocupar un lugar central en el proceso de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Lhaka Honhat. En una nueva reunión de la Mesa de Diálogo, el Gobierno provincial, representantes de las comunidades indígenas y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) resolvieron avanzar en la elaboración de un protocolo para prevenir y combatir la tala ilegal en los exlotes fiscales 55 y 14.

La decisión representa uno de los principales avances surgidos del encuentro, ya que apunta a preservar un territorio donde la conservación ambiental resulta tan importante como el reconocimiento de los derechos de las comunidades que lo habitan.

El futuro protocolo contará con la participación directa del Ministerio de Seguridad, a través de la Policía Rural, que coordinará acciones con la Secretaría de Ambiente y con Gendarmería Nacional para fortalecer los controles en distintos sectores de la zona y desalentar la extracción ilegal de madera.

La reunión fue encabezada por el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, en su carácter de comisionado para el cumplimiento de la sentencia internacional. Durante el encuentro reiteró un compromiso que atraviesa todo el proceso: la Provincia no adoptará decisiones unilaterales sobre el territorio.

"No realizaremos ninguna acción antes de consultar a las partes involucradas", transmitió Camacho a los representantes de la Asociación Lhaka Honhat, que nuclea a las comunidades indígenas de la región.

Un fallo que sigue generando cambios

La Mesa de Diálogo forma parte del trabajo que la Provincia desarrolla junto al Estado nacional para dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que responsabilizó a la Argentina por la vulneración de derechos de comunidades indígenas asentadas en los exlotes 55 y 14, ubicados en el departamento Rivadavia.

A diferencia de otras resoluciones judiciales, la sentencia no solo obliga a resolver cuestiones de tierras, sino también a garantizar condiciones de vida adecuadas, acceso al agua, preservación ambiental y mecanismos permanentes de consulta con las comunidades.

Demarcaciones y acceso al agua

Durante la reunión también se informó sobre los avances alcanzados en la delimitación del denominado "lunar criollo" libre de reclamos indígenas en la zona de Pozo El Chañar, una superficie cercana a las 3.800 hectáreas.

Además, se presentó el estado de la primera clasificación de las solicitudes formuladas por familias criollas con posterioridad al Decreto 1498/14, uno de los pasos necesarios para ordenar la situación territorial en la región.

Otro de los ejes abordados fue el abastecimiento de agua para las comunidades. Los funcionarios detallaron el avance de las conexiones necesarias para poner en funcionamiento nuevos pozos, una demanda histórica de las poblaciones que habitan el Chaco salteño.

Protección del bosque y derechos comunitarios

La incorporación de un protocolo específico contra la tala ilegal refleja un cambio de enfoque dentro del proceso de cumplimiento del fallo internacional.

La preservación del bosque nativo constituye uno de los pilares para garantizar el modo de vida de las comunidades indígenas, cuya subsistencia depende en gran medida de los recursos naturales del territorio.

Por eso, además de avanzar en la regularización de tierras y en obras de infraestructura, la Provincia comenzó a diseñar herramientas específicas para evitar la explotación ilegal de los recursos forestales.

El desafío ahora será transformar esos acuerdos en acciones concretas sobre el terreno, con controles permanentes y coordinación entre organismos provinciales y fuerzas federales, en un territorio donde la protección ambiental y el reconocimiento de los derechos indígenas continúan siendo dos objetivos inseparables.